Selectiva lucha contra la corrupción

El Salvador nunca ha sido bien evaluado en materia de lucha contra la corrupción. Los informes de Transparencia Internacional muestran que en los últimos 5 años la percepción de los salvadoreños acerca de dicho combate ha empeorado, lo que se traduce en que nuestro país ocupe una posición deshonrosa entre las naciones conocidas por sus altos niveles de corrupción. Ello obedece, por supuesto, a los variados y graves casos que han salido a la luz en los últimos años, involucrando incluso hasta la fecha a tres expresidentes de la República.

Las prácticas de nepotismo y las plazas fantasma en la Asamblea Legislativa; la participación de altos dirigentes políticos en negociaciones con pandillas; el reparto de cuotas en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral; y los exdiputados acusados de enriquecimiento ilícito son solo algunos ejemplos de los casos recientes que más han impactado a la población. Pero la corrupción no solo mancha a funcionarios, sino también a empresarios y profesionales que al evadir sus obligaciones fiscales se apropian de dinero que le pertenece al Estado. Los lujos excesivos y las elevadas fortunas de un pequeño grupo de familias contrastan con la pobreza y las grandes limitaciones económicas de la mayoría.

Una mirada general al ranking del índice de corrupción muestra que los países mejor calificados por sus ciudadanos son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia. Los cinco tienen en común muy buenos sistemas educativos, un alto nivel de justicia social y gran calidad de vida. Es evidente que la ausencia de corrupción repercute en la calidad de vida de la población, tiene un efecto muy positivo sobre su bienestar. Otra es la historia en los países corruptos. La corrupción es un cáncer que corroe la sociedad al sustraer recursos que deben estar al servicio de la población. Ello le impide al Estado ofrecer servicios públicos de calidad, invertir en la gente, fomentar mayor equidad y mayor disfrute de los derechos humanos. La corrupción, al igual que la evasión fiscal, priva de los recursos necesarios para el desarrollo humano.

La lucha contra este flagelo pasa por exigir transparencia. Si bien El Salvador, al crear el Instituto de Acceso a la Información Pública, tuvo un avance importante en esta materia, cada vez es más frecuente que funcionarios y entidades públicas se nieguen a dar información requerida por el Instituto. Cuando se esconde la información, se obstaculiza el combate a la corrupción, tanto como cuando desde el poder se protege a los sospechosos de desfalcar al Estado. A pesar de que Nayib Bukele abanderó como candidato la lucha contra este cáncer, su Gobierno insiste en mantener en secreto planes, decisiones y hechos que deberían ser de conocimiento público. La escasa información sobre el Plan de Control Territorial y la Cicies, el respaldo al director de Centros Penales en su negativa de informar sobre su viaje a México y el alto número de miembros de la familia Bukele en cargos públicos son algunos indicios de que la voluntad de luchar contra la corrupción está dirigida solo contra los adversarios políticos, contradiciendo lo que el presidente y su círculo han repetido hasta el cansancio.