Tortura

El 26 de junio se celebró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Unos días antes, en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un nutrido grupo de instituciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, denunció la intolerable situación que actualmente se vive en el sistema penitenciario. El número de fallecidos con signos de violencia, la detención arbitraria, el hacinamiento y el maltrato son prácticas en continuo crecimiento desde que comenzó el régimen de excepción. A pesar de haber sido invitado a la audiencia, el Gobierno no asistió ni envió representación. Dados los testimonios y datos documentados por la sociedad civil, va tomando cada vez más cuerpo la sospecha de que en las prisiones y en los procesos de encarcelamiento se tortura. En este contexto, la indiferencia de diversas instituciones estatales se convierte en complicidad.

En su artículo 27, la Constitución prohíbe “toda especie de tormento”. Además, El Salvador es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En los cuatro documentos, que son ley de la República y de mayor importancia que la ley secundaria generada por la Asamblea Legislativa, se prohíbe taxativamente la tortura. Por ello, todos los funcionarios vinculados a los encarcelamientos masivos deberían atender el llamado que el secretario general de la ONU hizo en el día dedicado a las víctimas de tortura: “Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”.

Desde hace años, el Idhuca viene solicitando a cada Gobierno de turno que ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Eso permitiría luchar eficazmente contra la tortura. Sin embargo, al igual que los Gobiernos del FMLN, la administración de Bukele no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por sobreponerse a los señalamientos de que en el país se maltrata a los detenidos. Actualmente, la exhibición degradante ante los medios de comunicación, la reducción de la cantidad de comida y la entrega de cadáveres con señales de golpes son indicios suficientes de tortura.

La tortura es un crimen de lesa humanidad cuando se aplica a grupos particulares desde instancias estatales. Y se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin [...] de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido [...] cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Las autoridades del Gobierno deben reflexionar con seriedad, si no por humanidad, al menos por conveniencia propia: llegará un día en el que el sistema judicial y la Fiscalía serán independientes del Ejecutivo. Y en este momento muy probablemente revivirá el interés de investigar los crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables.