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Desde hace varios años, la UCA mantiene lazos de amistad y colaboración con Santa Marta, una comunidad ejemplar que se levantó de las cenizas de la guerra para convertirse en una de las poblaciones mejor organizadas y más participativas, lo que le ha permitido alcanzar logros significativos en sus diversas luchas sociales. Ese nivel organizativo y la conciencia social de sus dirigentes la convirtieron en uno de los pilares de la lucha antiminera, que tuvo su epicentro en Cabañas.
Hoy genera honda preocupación la situación que vive la comunidad. El caso que ha abierto la Fiscalía contra líderes históricos y de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta por el asesinato en 1989 de una miembro de la localidad revela que las heridas de la guerra siguen abiertas. Al no haber sido atendidas desde un proceso de justicia transicional que permitiese la reparación de los daños y la reconciliación, han vuelto a sangrar. Y ese sufrimiento se topa con un sistema de justicia que en la actualidad no da garantías de debido proceso ni a las víctimas, ni a los victimarios.
El desarrollo del caso en cuestión hace sospechar de las motivaciones de la Fiscalía. Los pobladores de la comunidad de Santa Marta, como sucedió en varios lugares del país, fueron víctimas durante de la guerra de graves violaciones a los derechos humanos. La comunidad, acompañada por el Idhuca, presentó denuncias ante la Fiscalía de casos atroces, documentados con testimonios de víctimas y nombres de los responsables, sin que la institución encargada de la investigación en el país judicializara ninguno. Si al final se deja a un lado este cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos para centrarse solamente en un caso, no quedará duda de que se está frente a una justicia parcializada e interesada, que mientras mantiene la impunidad de muchos persigue a unos pocos.
Los indicios que apuntan a un posible interés político por parte de la Fiscalía se juntan con una actuación cuestionable del tribunal encargado. El titular del juzgado declaró reserva total y decidió que los acusados sigan detenidos durante el proceso cuando en otros casos de crímenes de guerra los indiciados han sido procesados en libertad y sin reserva.
La UCA se solidariza con las víctimas de la violencia en todas sus formas y modalidades, venga de donde venga, así como con la comunidad de Santa Marta y sus víctimas, sean de un bando de la guerra o del otro. Por ello, hace un llamado a reforzar el espíritu de unidad y a reconocer la verdad de lo sucedido, para que se posibilite que se haga justicia. También exige a las autoridades judiciales que no manipulen el sufrimiento de las víctimas y que actúen con absoluta transparencia y con respeto al debido proceso. La verdad y la justicia deben prevalecer ante todo, y deben tener como fin último la dignificación de las víctimas y la reconciliación.
Antiguo Cuscatlán, 27 de enero de 2023
