Solo la voluntad popular expresada en el voto debe ser escuchada

Las elecciones del 28 de febrero se celebrarán en un ambiente de tensión y confrontación que podría desembocar en violencia y poner en duda los resultados electorales. Ante ello, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas llama a todos los partidos políticos y sus seguidores a respetar el silencio electoral, la legislación nacional y, en especial, los resultados de los próximos comicios. La normativa que rige el proceso estipula claramente las vías para defender el voto y reportar cualquier tipo de anomalía. Y a esa normativa deben atenerse todos los actores políticos y sociales, renunciando a la dinámica de crispación y rechazando clara y públicamente cualquier acto de violencia que pueda darse.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de garantizar que se respete íntegramente la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Cumplir a cabalidad esa tarea solo será posible en la medida en que sus miembros desarrollen su labor con profesionalismo, sin dejarse presionar ni intimidar por expresiones de fuerza de ningún sector, y tampoco por aquellos que detentan el poder. En ese marco, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están llamadas a supervisar y vigilar el proceso, denunciando e investigando con prontitud cualquier anomalía o incumplimiento de la ley.

Para no dar un paso atrás y evitar una ruptura con el marco democrático, la Policía Nacional Civil y el Ejército deben limitarse a cumplir sus funciones constitucionales. La Carta Magna les da un carácter apolítico a ambos. Por ello, todos sus miembros deben tener claro que están al servicio del pueblo salvadoreño, no de simpatías o colores partidarios. En coherencia con el llamado de monseñor Romero, no les queda más que desobedecer cualquier orden que violente la Constitución y atente contra la vida o la libertad de sus compatriotas.

La UCA exhorta al Gobierno de El Salvador y a sus funcionarios a que no instiguen de ninguna forma a la confrontación o la violencia, a que no sigan usando su investidura ni los recursos públicos para fines partidarios. Construir premeditada y anticipadamente una narrativa de fraude sin tener ninguna prueba de ello no tiene otro fin que forzar a un resultado electoral deseado, instrumentalizando a los seguidores del partido oficial y coaccionando a las autoridades electorales. Si el Gobierno persiste en esa estrategia, solo logrará deslegitimar todo resultado electoral.

Ante esa posibilidad, vuelve a cobrar relevancia la vigilancia de la comunidad internacional; sus observadores serán testigos y garantes de que el pueblo salvadoreño se exprese sin coacciones y se respete su voluntad. En contrapartida, el próximo domingo, la ciudadanía debe ejercer el derecho al voto de manera informada y racional, valorando qué candidatas y candidatos respetan las leyes y las instituciones, quiénes están comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y con el pleno respeto a los derechos humanos; o al menos, quiénes no se han mostrado contrarios a las normas más básicas de la decencia, cuando no de la democracia.

Todo augura que este proceso no será fácil: a un contexto político enrarecido y a una institucionalidad debilitada por el permanente y abierto desafío del Ejecutivo a las leyes se suman unas elecciones en sí mismas complejas. La diversidad de candidaturas y la modalidad del voto implican un conteo y un escrutinio mucho más lentos que en la elección presidencial, por lo que el resultado electoral no será inmediato. La estabilidad del país y el bienestar de su gente reclaman a todos paciencia y cabeza fría. Solo la voluntad popular expresada en el voto deberá ser escuchada.

Antiguo Cuscatlán, 26 de febrero de 2021