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El 13 de julio de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Ello da paso a que se pueda exigir el derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y obtener justicia legal en el Caso Jesuitas y demás crímenes de lesa humanidad.
