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En diciembre del año pasado, 13 reos peligrosos se fugaron de las bartolinas del Centro Judicial "Isidro Menéndez" de San Salvador. Por este hecho, nueve personas de la Agencia de Protección Especial de la Corte Suprema de Justicia fueron detenidas, y algunos de los reos lograron ser recapturados.
En ese incidente se dejó ver la fragilidad de las instalaciones judiciales en las que los privados de libertad esperan sus respectivas audiencias. En ese momento, funcionarios de la Policía Nacional Civil y magistrados de la Corte Suprema de Justicia se tiraban la pelota sobre la responsabilidad de ese hecho.
El sábado pasado, once pandilleros se fugaron de las bartolinas del sistema 911 de Monserrat. Los agentes policiales que permanecían de turno durante la fuga no se percataron de los hechos, sino hasta horas de la tarde cuando realizaron el conteo de rutina de los reos.
Según las noticias, los ahora prófugos doblaron los barrotes de la celda para fugarse. Tan sencilla forma de escapar merece que las autoridades se tomen en serio las condiciones en las que desarrollan sus labores.
Estas personas habían sido capturadas por delitos de robo, extorsión, asociaciones ilícitas y homicidio. ¿Qué pueden pensar ahora sus víctimas? ¿De qué sirvieron las capturas?
Como si eso no fuese suficiente, hoy, durante la madrugada, otros dos reos se fugaron de las bartolinas de la delegación de la Policía de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad. Los implicados están acusados del delito de homicidio.
Los hechos relatados deberían conducir a las autoridades a tomarse en serio la seguridad en las bartolinas o centros de detención preventiva. De lo contrario, se tira por la borda el trabajo que condujo a esas capturas, se pone en riesgo la vida y seguridad de las víctimas, y se promueve la impunidad.
No basta con capturar a los custodios que —por complicidad o simple negligencia— permitieron que estas cosas sucedieran. Debe hacerse una seria evaluación de las condiciones físicas y los sistemas de seguridad que estos recintos ofrecen.
Algunos jefes policiales alegan la falta de recursos. Ya no es momento de quejarse, es hora de actuar haciendo un presupuesto digno para las instancias del sistema de justicia. De ahí que se haga un llamado a los nuevos funcionarios que diseñarán el presupuesto del próximo año para que consideren el costo para la sociedad de estas fugas.
Si estas cosas no se toman en serio, la próxima en fugarse de este país será la justicia.
