En la lucha contra la delincuencia

En la lucha contra la delincuencia hay muchas tareas que deben realizarse y que están aún alejadas de las políticas públicas. Algunas son de largo plazo. Por ejemplo, sistematizar la creación e impulso de una cultura de paz a través de la escuela. O desarrollar una cultura de equidad, a través de una mejor redistribución de la riqueza y una reducción de las muy graves diferencias sociales que caracterizan a nuestro país y que tanto rompen la cohesión social por ser una forma de violencia estructural.

Otras son de corto plazo, como la restricción severa de la portación legal de armas y la persecución radical y dura de la tenencia ilegal. De esta medida hemos hablado con frecuencia, pero los anteriores Gobiernos no quisieron escuchar ni entender el tema. Hoy creo que es importante, dado el auge delincuencial, dar pasos urgentes, novedosos y atrevidos en la lucha contra el delito. Y darlos también en el corto plazo.

De corto plazo sería integrar a la mitad de las fuerzas militares en el cuerpo policial. En la Fuerza Armada hay recurso humano, oficiales con capacidad de disciplina, con buena formación administrativa y acostumbrados a tratar los problemas con racionalidad y estrategia. Traspasarlos a la PNC, juntos con sus tropas, podría implicar un proceso máximo de un año de entrenamiento y formación policial. Pero en un año se estaría incluyendo en la PNC aproximadamente cinco mil personas sin un costo presupuestario especial. Quedarían en el Ejército otros cinco mil hombres, que podrían utilizarse tanto para misiones de paz en el exterior, asistencia en tiempo de desastres, etc.

La idea puede parecer loca, pero es mejor que sacar militares a la calle a acompañar a los miembros de la PNC. Nuestro país no tiene amenazas externas y, en realidad, no necesita Ejército. Pero si se quiere mantener por esos temas de cooperación internacional en misiones de paz o de ayuda en tiempo de desastre, con cinco mil miembros sería suficiente. En un país de escasos recursos, y donde la delincuencia está ocasionando costos humanos tan elevados, las decisiones tienen que ser radicales. Sobre todo si decimos que las personas son primero.

Desde una consideración puramente económica, invertir en seguridad es también una urgencia. Los costos económicos de la delincuencia alcanzan fácilmente los cuatro mil millones de dólares. Si con una inversión de sesenta millones de dólares, que por ahí anda más o menos la mitad del costo anual de nuestra Fuerza Armada, consiguiéramos reducir en quinientos millones los costos de la delincuencia, el negocio sería espléndido. No sólo habría más vida en El Salvador, sino que habría más dinero para invertir en la vida.

Como hemos dicho, la idea puede parecer loca. Pero el que así la considere que proponga otra mejor y más rápida. Dentro de la PNC actual hay antiguos miembros de la Fuerza Armada y de la guerrilla. Introducir algunos miembros de esta nueva Fuerza Armada, más formada en derechos humanos y en enfoque civil de los problemas, no es en sí mismo conflictivo y debería contemplarse como una real alternativa. Lo cierto es que si no damos pasos radicales, las cosas no mejorarán y a todos nos tocará sufrir demasiado. Y ningún Gobierno logrará la adecuada estabilidad política, porque con Arena no la había realmente. La diferencia es que se maquillaban los problemas y aparecía en los medios con más frecuencia la satisfacción de los poderosos económicamente, mientras la frustración de las mayorías se acrecentaba.

El tiempo no es para repetir las mismas recetas ni para caminar a ritmo lento en la lucha contra la delincuencia. Es tiempo de salirse de la rutina y buscar nuevas soluciones. Al que no le guste la integración de una parte de la Fuerza Armada en la PNC, que proponga otra. Pero que no sea más de lo mismo ni se siga caminando a paso de tortuga en la lucha contra la delincuencia.