Lino Morales Canjura: en memoria

¿Quién no se burla de las instituciones salvadoreñas? Los delincuentes lo hacen asesinando, extorsionando y estableciendo "toques de queda" sin que la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República u otro ente estatal los detengan. Encima, cuando los arrestan, algunos se escapan de las bartolinas policiales ante las narices de los custodios. El sábado 4 de julio, en la madrugada, once reos desaparecieron de las celdas del Sistema de Emergencia 911 en la colonia Monserrat; el martes 7, otros dos huyeron de la delegación policial en Quezaltepeque.

Pero los criminales no son los únicos que se burlan de las instituciones públicas; también la Asamblea Legislativa. El país tiene casi un trimestre de estar sin Fiscal General porque la Asamblea no ha sido capaz de poner los intereses del país sobre los de los partidos. Semejante desvergüenza parlamentaria pone en peligro casos importantes como el de Katya, pero, además, lanza un muy mal mensaje: que la función fiscal no es importante y, por lo tanto, el cargo lo puede desempeñar cualquiera.

Más grave todavía: los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia que continúan en ella igual se mofan del Estado de derecho. Vaya ironía. Prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la cual, en su artículo 131, numeral 19, le atribuye a la Asamblea Legislativa la misión de nombrar al presidente y magistrados de la Corte. Pero, contrariando ese compromiso, decidieron poner al frente de la institución a Néstor Castaneda. Fueron incapaces de impedir la acefalía del "máximo" tribunal, pero pretenden "resolver" el problema administrativo que esto supone violando la Carta Magna.

Todo eso ocurre mientras la sociedad sufre las consecuencias de los altos niveles de violencia y criminalidad. La brutalidad de los asesinatos, las extorsiones a hogares y negocios, los robos y los "estados de sitio" decretados por la delincuencia la tienen arrinconada.

¿Qué camino queda? Las instituciones no atinan en el combate de esos flagelos. Cuando capturan delincuentes, hasta se les escapan; si no, no individualizan responsabilidades. La prueba principal de la Fiscalía sigue siendo la testimonial, en un país donde es tan fácil deshacerse de ésta. ¿Y la "clase" política? Se empeña en minar la poca confianza de la población en las autoridades que deben enfrentar el problema.

Lino Morales Canjura ha sido otra víctima de la irresponsabilidad político-partidaria y de la impunidad con que actúa la criminalidad. Fue asesinado el fin de semana cuando cerraba el negocio de sus padres. Tres disparos se llevaron a un padre y esposo responsable, a un buen hijo, a un gran amigo, a un futbolista del Nejapa F.C. que enseñaba a los más pequeños a alejarse de los malos pasos y convertirse en personas honradas, como él.

Una familia lo llora; sus amigos, amigas y compañeros de promoción del Externado San José lo extrañan; un país lo perdió. Así como todos los días pierde a trece salvadoreños o salvadoreñas por la misma razón: la violencia. El Salvador está perdiendo lo más valioso que tiene: sus habitantes, y las capacidades que todos ellos y ellas tienen para construir una mejor sociedad.

Sin duda, la senda por la que se transita es peligrosa. La gente, si no lo está haciendo ya, puede decidir tomar la justicia por sus manos y eso hundirá al país en la anarquía, con resultados lamentables. Pero puede tomar otra vía: la participación ciudadana organizada y demandante para hacer que diputados, diputadas, magistrados y magistradas liberen las instituciones que mantienen secuestradas.