Los retos de la Corte Suprema de Justicia

Cinco abogados o abogadas asumirán pronto el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aún no se sabe quiénes serán los "elegidos" o "elegidas", puesto que las negociaciones partidarias continúan. A usanza de los Gobiernos anteriores, el nuevo Gobierno también ofrece como sede para este tipo de sesiones las instalaciones de Casa Presidencial, a pesar de que es la legislatura la llamada a tomar este tipo de decisiones.

Aunque mucho se ha criticado la negligencia de los padres de la patria por dejar acéfala a la Corte por más de doce días, y a pesar de que la ciudadanía rechaza las componendas que pretenden hacer una repartición de estos cargos, los diputados y diputadas se proponen hacer esta elección a su tiempo, ritmo y conveniencia.

Por eso, es en vano comer ansias por la elección de los futuros jueces que ocuparán los altos cargos del órgano judicial. Más importante resulta identificar y a la vez demandar la superación de problemas que afectan a las personas que a diario acuden a los tribunales en busca de justicia. Existe mucho camino por recorrer para lograr un sistema de justicia independiente y expedito.

En primer lugar, la Corte debe proponer o impulsar legislaciones que resuelvan el problema de la mora judicial en dos de sus Salas; en concreto, una nueva Ley de Procedimientos Constitucionales y una Ley General de Procedimientos Administrativos.

Otro gran reto es sacar adelante la reforma de dos procesos administrativos que son engorrosos y desfasados. Se trata de los métodos empleados para autorizar abogados y notarios. Se debe diseñar un método que, respetando el debido proceso, sea expedito, transparente y garantice calidad en el ejercicio de esta profesión.

Asimismo, la Corte debe de una vez por todas establecer claros procedimientos de coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura para la capacitación de jueces y en la evaluación de la labor judicial. Mientras esta coordinación no se mejore, más lejos estará de garantizar la pronta y cumplida justicia.

No menos importante resulta la labor de la Corte en el combate de la corrupción en la función pública. Por eso, debería ser la instancia que impulse una reforma a la Ley de Enriquecimiento Ilícito o, en su defecto, asumir de una vez la aplicación severa de esta normativa que continuamente es incumplida por diputados y funcionarios de Gobierno.

Otro gran reto que la Corte tiene por delante es la modernización y profesionalización del Instituto de Medicina Legal. Idealmente, debería hacerse una reforma integral de esta instancia, que tiene una gran responsabilidad en la investigación del delito y el combate a la impunidad. Recientemente, un tribunal tuvo que anular una sentencia condenatoria a una mujer por faltas graves en la realización del peritaje forense.

Una de las mayores debilidades del órgano judicial está relacionada con la reflexión jurídica que hace al ser el máximo intérprete de la Constitución y el encargado de tutelar derechos constitucionales de las y los salvadoreños. Este país se merece una Corte que comience por fin a producir jurisprudencia de calidad y enfocada a la integración de las normas de derechos humanos.                                                                                   

Todo lo anterior es posible si, de una vez por todas, el órgano judicial asume la defensa de un principio supremo: la independencia judicial frente a los partidos políticos y otros poderes que la merodean. ¿Será esto posible?