¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
¿Cómo es posible que la partidocracia salvadoreña juegue de nuevo con la institucionalidad del país? ¿Es que han olvidado la sangre que se derramó para obtenerla? La salud de la democracia se mide por la calidad de sus instituciones y por la existencia de una ciudadanía activa en la vida política del país. ¿Qué pasa en El Salvador?
Tras las elecciones de enero y marzo, el país se encuentra en un momento de recomposición del poder político. El FMLN obtuvo los votos necesarios para llegar al órgano Ejecutivo y los partidos de derecha (Alianza Republicana Nacionalista, Conciliación Nacional y Demócrata Cristiano) han revalidado su tradicional alianza legislativa, ahora, como una oposición mayoritaria.
Esta nueva constitución de fuerzas es por naturaleza un ámbito de acción partidario, pues a esos cargos se llega bajo el paraguas de un partido político. Sin embargo, lo que las maquinarias partidistas no comprenden —o no les conviene entender— es que la institucionalidad de segundo grado, como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, por mencionar dos ejemplos, ya no responde a esa lógica partidarista; todo lo contrario.
Estas instancias deben realizar su función con independencia, instrucción técnica y la suficiente moral para exigir cuentas ciegamente a quienes transgredan las leyes o los derechos de la ciudadanía. Pero los partidos políticos creen que estas instituciones deben ser usadas como "armas políticas" dadas las funciones que cumplen: investigar y sancionar delitos, arbitrar conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, eliminar una ley o política pública que atente contra la Constitución, entre otras.
Es por eso que "les caen encima", y en ese vaivén de negociación de candidatos han incumplido impunemente su deber de elegir en tiempo al Fiscal General. Ahora, tras la interposición de un amparo por la señora Michelle Gallardo, el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia puede verse entrampado gracias a una inexplicable orden de la actual Sala de lo Constitucional; orden en la que establece la suspensión del acto de la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional mientras se dirime lo solicitado por Gallardo en su amparo.
Esta demanda fue admitida a pesar de que la peticionaria no señala con claridad el acto que le causa agravio, ni demuestra la existencia del mismo.Por esa razón, el IDHUCA presentó el pasado lunes 11 de mayo una demanda de amparo contra tres magistrados propietarios de dicha Sala por violación a los derechos a la seguridad jurídica (artículo 1 de la Constitución) y a la protección en la conservación y defensa de los derechos (artículo 2).
¿Obrará la Sala con la misma diligencia aplicada al amparo de Gallardo? Está por verse. Ojalá se considere el daño que puede causarse a la institucionalidad del país si siguen cediendo al chantaje de los políticos. Ahora el IDHUCA invita a la ciudadanía a sumarse a este reclamo; especialmente a todas las personas que sienten respeto por aquellos que dieron sus vidas por la existencia y buen funcionamiento de estas instituciones.
