Un caso singular

Desde hace varias semanas, damos seguimiento al caso del padre Toño. Y a medida que avanza el tiempo, son más claras las irregularidades en el proceso. Por un lado, las pruebas que maneja la Fiscalía, aunque solamente han aparecido resumidas en algunos medios de comunicación, parecen muy débiles. Las agrupaciones ilícitas no pueden presumirse a partir de conversaciones, y menos si la persona acusada trabaja en la rehabilitación de delincuentes pertenecientes a dichas agrupaciones. Añadir un testigo “criteriado”, exmiembro de la agrupación y en la actualidad peleado con la misma, no le añade fuerza al asunto. En el tráfico de influencias, otro delito, falta saber con qué funcionario se traficó la influencia, si consta la culpabilidad de este en ese tráfico e incluso si es el propio funcionario el que acusa al sacerdote de intento de soborno, obtención de ventajas o cualquiera de los mecanismos que tipifican el delito de tráfico. Sin funcionario, no hay delito. Y este brilla por su ausencia en la acusación. Y en el tráfico de objetos prohibidos, la acusación se basa en los resultados de intervenciones telefónicas, a partir de los cuales la Fiscalía interpreta que hubo voluntad de introducir objetos prohibidos. Pero dado que las intervenciones telefónicas se produjeron antes de que se cometiera el supuesto delito, los registros de entrada habrían sido mucho más cuidadosos. Si incluso sospechando que se iban a introducir objetos no se encontró nada en los registros, que el P. Toño pudiera acceder a la cárcel es prueba de que no introdujo nada ilícito. No hubo delito, por tanto.

Por otra parte, se ha dividido la acusación de los tres supuestos delitos en dos partes, dirigidas a juzgadores en momentos diferentes. La intención parece no ser técnica, sino para impedir que el P. Toño pueda ser juzgado en libertad. Además, dado que se trata de procesos en juzgados especiales, el juez dispone de dos años para realizar la instrucción. Así, el religioso, aun siendo acusado con pruebas bastante débiles, podría estar preso dos años, aunque al final resultara inocente. El trato hacia él ha sido duro; la Fiscalía lo ha tildado de “traidor”. La poca precisión jurídica de calificativos como ese hace pensar en una necesidad fiscal de apoyarse en un juicio más mediático que jurídico.

Frente a todo esto, es necesario recalcar que el trabajo de rehabilitación de delincuentes no es una tarea sencilla. La Constitución de la República, en el artículo 23, consigna que es obligación del Estado tener centros penales en los que, entre otras funciones, se trabaje en la readaptación social de los delincuentes. Sin embargo, las cárceles tienen serias deficiencias al respecto. Muchos jóvenes — no todos, por supuesto— entran a la cárcel por delitos menores y salen siendo expertos delincuentes, o profundamente desadaptados respecto a la sociedad. En ese contexto, el trabajo del P. Toño merece respeto. Aunque tuviera algún fallo, el esfuerzo continuado de este joven sacerdote en una labor difícil, en la que el Estado tiende a fallar de un modo casi sistemático, merece respeto. Ciertamente, mucho más respeto que los diputados que piden el regreso de la pena de muerte. La tradición salvadoreña ha sido autoritaria y de fácil recurso a la violencia a la hora de buscar soluciones a los conflictos. Los Acuerdos de Paz abrieron, en sentido amplio, una nueva etapa en la historia moderna de El Salvador, para solucionar los conflictos por medio del diálogo. Retornar a la violencia, legal o ilegal, para resolver problemas no traerá nada bueno a nuestro país. El P. Toño es, en ese sentido, un hombre de diálogo mucho más coherente con el verdadero camino de solución de conflictos que quienes hablan irresponsablemente de mano dura e ignoran las causas de estos.

Es evidente que las maras no han renunciado a la violencia para resolver sus problemas económicos, sociales o de otra índole. Y es evidente también que el Estado tiene que dar una respuesta adecuada desde las instituciones y la legalidad vigente. Pero en la medida en que la violencia delictiva es fruto de problemáticas en las que se unen factores económico-sociales con algunos aspectos culturales, el diálogo es necesario. Y como una buena parte de los problemas se generan en el entorno de la juventud, el acercamiento humano es imprescindible. Uno no puede sino apoyar el esfuerzo de una Policía comunitaria que se acerque más a la gente y genere confianza. Pero dentro de esta dinámica de generar confianza, es también importante el acercamiento humano, especialmente al encarcelado. El esfuerzo de algunos empresarios por encontrar trabajo decente tanto para personas que salen de la cárcel como para jóvenes en riesgo es loable, aunque de momento tenga todavía una dimensión mínima. En todas esas tareas, el padre Toño hizo esfuerzos, trabajó e incluso pasó malos momentos. El suyo fue un trabajo de riesgo. Es lógico que muchos seamos solidarios con él, y más cuando vemos serias deficiencias tanto en el proceso judicial en su contra como en la agresividad que la Fiscalía manifiesta en este caso.