El reto de garantizar una vejez digna en El Salvador

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora cada 1 de octubre, Esmeralda Valdivieso, vicerrectora de Investigación e Innovación y académica del Departamento de Psicología y Salud Pública, analiza la situación social, económica y sanitaria que atraviesa la población adulta mayor en El Salvador.  

¿Cómo describiría la actual situación de las personas adultas mayores en El Salvador, tanto desde el punto de vista social como de salud? 

La población adulta mayor en El Salvador es muy heterogénea debido a la acumulación de ventajas y desventajas socioeconómicas, culturales y de salud a lo largo de la vida. Sin embargo, comparte condiciones de vulnerabilidad social, como bajos niveles educativos, poca autonomía económica y acceso limitado a pensiones. Estas desigualdades se profundizan según el sexo y el lugar de residencia, y se ven agravadas por el edadismo, es decir, la discriminación por motivos de edad. 

Además, los cambios en la composición de los hogares plantean nuevos desafíos para su bienestar, que tradicionalmente ha dependido del apoyo económico y de los cuidados familiares. Esto exige una mayor participación del Estado y de otros actores comunitarios y privados. 

En materia de salud, predominan las enfermedades crónicas, como la hipertensión, y la presencia simultánea de varias enfermedades, que pueden complicarse con problemas de salud mental. A ello se suma el riesgo de la polifarmacia, especialmente cuando distintos especialistas prescriben medicamentos sin una adecuada coordinación. Estas condiciones evidencian la necesidad de una atención integral y especializada para las personas adultas mayores. 

En este contexto y, puntualmente, desde el sistema de salud, ¿está El Salvador preparado para responder a las necesidades de atención y cuidados que implica el envejecimiento de la población? 

Nuestro sistema público de salud presenta una paradoja: es un sistema que está geriatrizado en términos de usuarios. Sin embargo, a pesar de esta alta demanda, tenemos una oferta muy baja de servicios especializados para esta población. 

En una investigación que realizamos entre 2022 y 2023, consultamos al propio gremio médico sobre cuántos profesionales estaban especializados en geriatría. En aquel momento, identificaban aproximadamente a 14; actualmente podrían ser alrededor de 20. 

Y estos profesionales, ¿dónde y en qué sector de salud se encuentran? 

Geográficamente, existe una alta concentración de geriatras en San Salvador. En nuestra investigación, identificamos únicamente a tres fuera de la capital: uno en Santa Ana, otro en Usulután y uno más en San Miguel. El resto se encontraba en San Salvador. 

Al no existir hospitales o clínicas públicas especializadas en la atención de personas adultas mayores, muchos de estos profesionales trabajan como médicos internistas dentro del sistema público, mientras que otros ejercen en la práctica privada.  

¿Cuáles son las principales condiciones o factores sociales, económicos y familiares que determinan la calidad de vida de las personas adultas mayores? 

Quizá conviene empezar aclarando un concepto. La calidad de vida no tiene que ver únicamente con vivir más años. En ese aspecto ya vamos encaminados. De hecho, el envejecimiento poblacional en El Salvador está caracterizado por tres fenómenos: la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento de la migración en edades reproductivas y el incremento de la esperanza de vida al nacer.  

Sin embargo, cuando se comparan los datos de calidad de vida y esperanza de vida al nacer en Centroamérica, observamos que, después de Costa Rica, somos el segundo país más longevo, pero no necesariamente el que tiene la segunda mejor calidad de vida. Estamos viviendo más, pero no necesariamente mejor. 

Por lo tanto, la calidad de vida no consiste solamente en vivir más años, sino en vivir mejor. Esto implica contar con un sistema de bienestar que garantice condiciones socioeconómicas, comunitarias, familiares, políticas y sociales que permitan a las personas sentirse bien.  

Partiendo de la diferenciación que plantea, ¿qué factores determinan, entonces, esa calidad de vida? 

Considero que el principal factor es el edadismo, es decir, la discriminación hacia las personas mayores. A pesar del crecimiento de esta población, nuestra sociedad mantiene estereotipos negativos sobre la vejez, que están presentes en los medios de comunicación, la publicidad e incluso en nuestro lenguaje cotidiano. 

Un segundo factor es la desigualdad de género. Las mujeres mayores enfrentan una doble discriminación, pues sobre ellas recaen expectativas relacionadas con el cuidado de familiares y las tareas domésticas. 

Otra dimensión fundamental es la socioeconómica. En nuestra sociedad persiste la idea de que las personas mayores no necesitan autonomía económica, por lo que muchas políticas se enfocan en el asistencialismo. Sin embargo, gran parte de esta población, especialmente quienes han trabajado en el sector informal, la agricultura, el comercio o las labores domésticas no remuneradas, llega a la vejez sin pensión ni ingresos estables. 

La ausencia de una pensión básica universal también incrementa su vulnerabilidad y dependencia de familiares o remesas. Sin embargo, contar con apoyo familiar no equivale a tener autonomía económica, un elemento esencial para garantizar una adecuada calidad de vida. 

En su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país ante el crecimiento de la población adulta mayor? 

Considero que el principal desafío es la falta de reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos. El edadismo está tan interiorizado en nuestra sociedad que se traduce en exclusión social, política, económica y sanitaria. Si tuviéramos una visión verdaderamente inclusiva de la vejez, estaríamos pensando en cómo garantizar sus derechos económicos, un sistema de pensiones adecuado y, como mínimo, un hospital especializado para atender a esta población. 

Esta discriminación también se refleja en la formación de los profesionales de la salud. En una investigación, revisamos los planes de estudio de medicina, psicología, trabajo social y terapia ocupacional de las instituciones de educación superior del país. Encontramos que únicamente dos universidades incluían al menos una asignatura de geriatría en medicina y otras dos contemplaban materias relacionadas con la psicogerontología o las personas adultas mayores. 

Esto evidencia la necesidad de preparar a los profesionales para responder a los cambios demográficos del país. Según las proyecciones derivadas de la actualización del censo, hacia 2050 El Salvador enfrentará una transformación importante en su estructura poblacional: las personas adultas mayores superarán en número a la población menor de 14 años. Por ello, es fundamental comenzar desde ahora a construir un sistema de protección social y de salud que responda a las necesidades de una población cada vez más envejecida. 

Para esto es necesario contar con políticas públicas. ¿Cuáles serían las prioritarias para garantizar un envejecimiento digno, saludable e inclusivo? 

La principal apuesta de las políticas públicas debe centrarse en garantizar la seguridad y la autonomía económica de las personas adultas mayores. Las garantías socioeconómicas son importantes en sí mismas, pero también reflejan una preocupación genuina por los sectores de la población a los que se destinan recursos financieros.  

En ese sentido, es fundamental contar con un sistema de pensiones digno, justo y universal, garantizar condiciones adecuadas de vivienda y atender el tema de los cuidados, que históricamente ha permanecido invisibilizado y cuya responsabilidad recae principalmente en las mujeres. 

Además, necesitamos políticas públicas basadas en derechos y no en una visión asistencialista. El Estado ha desarrollado programas de apoyo, como la entrega de canastas básicas y la pensión universal para determinados grupos de personas mayores en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, estas medidas no sustituyen una política integral que garantice sus derechos y su autonomía. 

Otro aspecto prioritario es disponer de estadísticas actualizadas y accesibles que permitan diseñar programas y orientar los recursos hacia quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Es necesario considerar cómo se combinan factores como la edad, el género, la residencia en áreas rurales, el nivel educativo y la situación socioeconómica. 

Finalmente, las políticas públicas deben garantizar la participación social de las personas adultas mayores, reconociéndolas como sujetos de derechos y promoviendo su inclusión plena y digna en la sociedad. 

Por último, ¿qué debe hacer el país para prepararse para una población cada vez más longeva?  

Lo primero es comprender el cambio demográfico y anticiparnos a sus consecuencias. Con los datos actualizados del censo, sabemos que todavía tenemos tiempo para prepararnos, pero debemos comenzar a tomar decisiones que permitan atender con dignidad y garantizar los derechos de la creciente población adulta mayor que tendremos a partir de 2050. 

Esto implica formar profesionales en distintas disciplinas, no solamente en salud, sino también en economía, derecho, arquitectura y urbanismo para responder a las necesidades de esta población. Además, debemos anticipar una mayor inversión en salud y cuidados, así como adaptar nuestras ciudades y viviendas a las condiciones de las personas mayores. 

También necesitamos comprender las transformaciones en la composición de los hogares salvadoreños y adoptar un enfoque intergeneracional que favorezca la convivencia, la participación comunitaria y el buen trato entre personas de distintas edades. 

Otro desafío fundamental es desarrollar programas y políticas que prevengan la violencia contra las personas adultas mayores, tanto física y sexual como económica y simbólica. 

Finalmente, debemos prestar mayor atención a la salud mental de las personas mayores. Prepararnos para el envejecimiento poblacional significa garantizar su autonomía económica, fortalecer las relaciones intergeneracionales y reconocer, ante todo, a las personas adultas mayores como sujetos de derechos.