Los primos Manuel de Jesús López Bonilla, de 28 años, y José Antonio Bonilla Laínez, de 29, fueron capturados la madrugada del 25 de noviembre de 2016. Según sus familiares, ese día, José Antonio fue despertado por los lamentos de un hombre que yacía herido cerca de su casa, en la comunidad Santa Marta, Cabañas. Ante los pedidos de auxilio, llamó a su primo Manuel de Jesús, que se gana la vida haciendo viajes en su vehículo. Juntos lo subieron al carro para llevarlo al hospital de Sensuntepeque. Pero el herido murió en el camino. Ya en el hospital, como era de esperarse, fueron detenidos por la Policía. Eran cerca de las tres de la mañana. Dos horas después, fueron conducidos a Santa Marta, donde catearon su casa y los golpearon ante sus familiares. A Manuel de Jesús lo detuvieron por resistencia a la autoridad y a José Antonio por portación de un arma, la cual, según su familia, le fue colocada por los mismos agentes. La comunidad ha identificado a los tres policías que los llevaron a Santa Marta: sus nombres son Román Ramírez Asencio, Nicolás Echegoyén Peralta y Hugo Atilio Cornejo, de la delegación de Sensuntepeque.
Cinco días después del arresto, el 30 de noviembre, los primos fueron sobreseídos por los delitos que se les imputaban. Pero cuando salieron del juzgado fueron nuevamente detenidos por agentes de la Unidad Antipandillas de la PNC. Esa vez se les acusó de coautoría en el asesinato del hombre que trasladaron al hospital. Y desde ese momento se agudizó el calvario de sus familias. En la tarde de ese 30 de noviembre, les llevaron cena a la delegación de la cabecera de Cabañas, pero ya no estaban ahí. Los policías les dijeron que regresarán al siguiente día. Y la historia se repitió por días consecutivos sin que les dijeran su paradero. Un policía, quizá por compasión, les comunicó que estaban en manos de la Unidad Antipandillas, pero que no sabía dónde se los habían llevado. Ante ello, los familiares de Manuel de Jesús y José Antonio tocaron todas las puertas posibles en San Salvador, sin obtener respuesta.
De las muchas irregularidades de este caso, dos merecen ser destacadas. La primera: el 13 de diciembre del año pasado, agentes de la PNC llevaron a Manuel de Jesús a la casa de su madre, para mostrárselo y decirle a ella que no hicieran nada, que no buscaran apoyo de abogados. El 6 de enero, los dos primos fueron llevados a Santa Marta para mostrarlos una vez más y repetir el mismo mensaje, que no hicieran nada. Fue la última vez que los vieron. La segunda irregularidad: miembros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la que la familia puso la denuncia, aseguran que se han reunido con los detenidos en dos ocasiones, pero que la Policía se los ha llevado en un vehículo para que los vean sin revelarles el lugar donde los tienen detenidos. Hasta la fecha, los familiares desconocen el paradero de los primos. Cuentan que han escrito al Director de la Policía, al ministro del ramo, a otras autoridades del Gobierno y hasta han recurrido a la OEA, pero nadie les ha prestado ayuda.
Este dramático caso es una muestra de lo que está pasando en el país. De acuerdo a la legislación, a nadie se le puede prohibir o negar defensa legal. Tampoco se le puede prohibir a ninguna persona tener contacto con sus familiares. Además, todo capturado tiene derecho a conocer su estatus jurídico. Esta retahíla de violaciones al debido proceso y a los derechos de Manuel de Jesús y José Antonio no es propia de una nación democrática. Y los no pocos casos conocidos de manipulación de pruebas y de imputación de delitos falsos por parte de agentes de la PNC señalan un patrón de actuación dentro de la corporación policial. Un patrón que se ensaña especialmente con personas pobres. Como estas familias, muchas otras pueden estar viviendo un tormento a causa de la violación de la ley y el abuso policial. Incluso en el hipotético caso de que los primos fueran culpables, la actuación de las autoridades no es legal y riñe con el derecho humano elemental. Esto debe parar. ¿Dónde están los detenidos, señor Director de la PNC? ¿Qué proceso se les sigue a estos dos salvadoreños, señor Ministro de Seguridad y Justicia?