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La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas expresa su profunda preocupación ante las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa, con las cuales se permite la reelección presidencial indefinida, se amplía el período presidencial de cinco a seis años, se elimina la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y se adelantan las elecciones presidenciales al año 2027.
Estas reformas a la Constitución, promovidas sin consulta ni debate, ratificadas en un lapso de horas y previo al inicio de un periodo vacacional, debilitan los principios que garantizan que el poder se ejerza con límites, responsabilidad y en función del bien común. Una reforma constitucional como esta, que afecta las reglas del juego democrático, debió ser ampliamente discutida, con participación plural.
La posibilidad de reelección indefinida rompe con una de las protecciones más importantes del orden constitucional: evitar la concentración prolongada del poder en una sola persona o grupo. La historia muestra con claridad los riesgos de transitar este camino. Contrario a como se ha afirmado, la prohibición de la reelección inmediata o indefinida no representaba un obstáculo para la ciudadanía, sino una protección frente a aquellos que quisiesen hacerse de más poder.
Una reelección con un número indefinido de periodos no supone, en ningún sentido, algo positivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa” y a los tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte. Además, el argumento de que es necesario homologar la elección presidencial al resto de cargos de elección popular es falaz.
Que las elecciones presidenciales no coincidieran con las legislativas y las municipales buscaba balancear el poder, evitar que el ganador se quedara con todo. Aumentar el periodo presidencial para “sincronizar los tiempos electorales” no tiene como propósito real “evitar estar en una permanente campaña electoral”. Tampoco tiene que ver con orden o ahorro para el Estado, ni con seguridad jurídica, ni con atraer inversión, ni con trasladar la potestad al pueblo.
Por otra parte, eliminar la segunda vuelta electoral presidencial debilita la legitimidad del cargo presidencial al permitir que una candidatura llegue al poder con una representación minoritaria (Nicaragua muestra las consecuencias de este tipo de dinámica). Una segunda vuelta no significa irrespeto a la voluntad popular; al contrario, la asegura. Si la preocupación en verdad era evitar el derroche de las finanzas públicas, pudo apostarse por recuperar la transparencia y la rendición de cuentas, y reactivar los mecanismos de control.
Adelantar las elecciones para 2027 de ninguna forma puede entenderse como una “consulta anticipada para que el pueblo ratifique los cambios a esta Constitución”. Adelantarlas es un irrespeto a la voluntad popular, a la ciudadanía que acudió a las urnas para votar por alguien que estuviese cinco años más en el poder. Ni más ni menos.
Los cambios realizados no son antojadizos, sino que responden al escenario que se viene advirtiendo en diversas instancias, desde la toma armada de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020; un rumbo que se consolidó el 1 de mayo de 2021 con la destitución y nombramiento exprés de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hoy, el oficialismo ha llegado al punto de no retorno tanto por el deseo como por la necesidad de aferrarse al poder.
El paso se ha dado cuando aún la popularidad es alta y la resistencia a la deriva autoritaria, casi nula, en un contexto de temor y desprotección. Un contexto en el que, desde un punto de vista jurídico, es posible afirmar que ya no existe Estado de derecho: no hay respeto al debido proceso, la ciudadanía salvadoreña no tiene derecho a un juez independiente, ni al libre desarrollo de la personalidad, ni a libertad de reunión, asociación, expresión o información.
La Constitución no debe ser propiedad de los gobernantes de turno, sino un pacto social cuyo objetivo es crear condiciones institucionales para proteger y concretar los derechos de la población. El pueblo salvadoreño merece instituciones confiables, procesos transparentes y oportunidades reales para decidir. Con las nuevas reformas constitucionales, El Salvador regresa a su pasado. A un pasado de concentración absoluta del poder en clanes familiares y de profunda corrupción de la institucionalidad pública.
La UCA, desde su inspiración cristiana y su misión de interpretar la realidad con sentido de justicia, verdad y paz, insta a la academia, las iglesias, las organizaciones sociales, los gremios, los medios de comunicación y la comunidad internacional a seguir con atención el proceso que vive El Salvador y acompañar, con responsabilidad y solidaridad, el impulso de los principios democráticos y los derechos fundamentales de todas las personas.
