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Hace dos semanas, once magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República contra cuatro de sus compañeros magistrados que integran la Sala de lo Constitucional. La semana pasada, hicieron efectiva su decisión y nueve magistrados entregaron la denuncia al Fiscal General de la República, para que valore investigar si José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Edgar Sydney Blanco y Rodolfo Ernesto González han incurrido en acciones delictivas.
Si la Fiscalía General encuentra motivos y decide iniciar la investigación, los cuatro magistrados serán apartados de sus cargos temporalmente y serán sustituidos por sus suplentes. Todo ello obedece a un fin bien claro. La actual Sala de lo Constitucional, que se ha destacado por su independencia de todo poder fáctico en el país, no es vista con buenos ojos por todos aquellos que a lo largo de tantos años han manejado el país a su gusto y antojo.
Con su actuar independiente, apegado al derecho y a la defensa de la Constitución, estos magistrados han elaborado sentencias en respuesta a demandas de inconstitucionalidad que incomodan a los diferentes poderes del país. El Ejecutivo vio cómo se declaraba inconstitucional la transferencia de recursos no ejecutados del Presupuesto General de la República a Casa Presidencial. La Asamblea Legislativa recibió dos sentencias que limitan el control total que ahora tienen los partidos de la vida política y electoral. La Sala de lo Constitucional reconoció el derecho de los ciudadanos a presentarse a cargos de elección popular de manera independiente y confirmó la inconstitucionalidad de las listas cerradas y bloqueadas en las elecciones de diputados. También la Fiscalía General de la República vio amenazado su poder, al declararse inconstitucional que tenga el monopolio de la investigación de hechos delictivos.
El momento que se vive en el país es oportuno y conveniente para que los poderes fácticos busquen remover de la Sala de lo Constitucional a sus miembros propietarios, pues la instancia debe ahora pronunciarse sobre los nuevos recursos de inconstitucionalidad presentados contra las reformas a la ley electoral aprobadas por la Asamblea Legislativa. Y es que la Asamblea aprobó la posibilidad de las candidaturas independientes, pero con unas exigencias que son prácticamente imposibles de cumplir. En lo referente a las elecciones de diputados, la decisión de los legisladores tampoco es acorde con la sentencia de la Sala, ya que no han abierto ni desbloqueado las listas de candidatos.
Por su parte, la Fiscalía ha dejado muy clara su oposición a que se establezca una comisión auspiciada por la ONU para investigar los delitos más graves en el país y que la institución ha sido incapaz de resolver. El Fiscal General aduce que, en lugar de crear otras instancias para la investigación de los delitos, es necesario reforzar a la institución que dirige.
Todo lo anterior es suficiente para suponer que hay un acuerdo amplio entre los poderes políticos para librarse de unos magistrados que les han resultado sumamente incómodos. Y ese trabajo sucio se está realizando desde el interior de la Corte Suprema de Justicia, de la mano de quienes en el pasado se han mostrado muy dispuestos a servir a los poderes fácticos del país y legislar según los intereses de los mismos.
Este conflicto en la Corte surge también de un permanente choque de intereses entre la Sala de lo Constitucional y el resto de magistrados. Por tanto, los nueve magistrados que presentaron la denuncia son parte interesada en el asunto, como lo es también la Fiscalía. Si esta decidiera abrir la investigación y solicitara a la Asamblea Legislativa (otras parte interesada) la apertura de un antejuicio, se dejaría el paso libre para que los magistrados suplentes realizaran los trapicheos que algunos desean para que nada cambie en nuestro país.
