Déficit de ética y transparencia

Si hay un tema carente de transparencia en El Salvador es el económico. Al respecto, los Gobiernos mienten con tranquilidad al ciudadano. Y cuando se les descubre, insisten en que no hicieron nada malo. Por ejemplo, cada vez que alguien pregunta si funcionarios del Estado reciben prestaciones complementarias al salario por fuera de nómina, la respuesta es negativa. Sin embargo, algunos de ellos las reciben puntualmente cada mes. Y esto ha ocurrido tanto en Gobiernos de Arena como del FMLN. Ambos partidos niegan una realidad que debería ser pública y transparente, y no turbia y corrupta. La famosa partida secreta, que antes se aprobaba anualmente y ahora existe de otra manera, servía para eso. Y por supuesto, esas prestaciones especiales a ministros y directivos de autónomas no aparecen en el Presupuesto.

Pero la opacidad no es solo cuestión gubernamental. Se traslada también al debate público con la empresa privada. La ANEP, cuando se publica una lista de empresarios morosos, pone el grito en el cielo. Pero sus afiliados, dueños de supermercados y tiendas de diverso tipo, no vacilan a la hora de publicar la foto de alguien sorprendido hurtando cualquier artículo de poco valor. Y es obvio que los morosos y evasores de impuestos hacen más daño al país que los rateros minoristas. Otro caso: La Prensa Gráfica tituló así la portada de su edición del viernes pasado: “El país necesita inversión-empleos y no impuestos”. Es esta una forma oscura de hacer propaganda neoliberal y mentir.

Es evidente que El Salvador necesita inversión y empleos, pero también impuestos. Un país como el nuestro, que recoge en tributos solo el 15% de su producto interno bruto, jamás podrá competir con países que recaudan entre el 20% y el 30%. Los impuestos son necesarios para el desarrollo. Y es evidente que deben pagar mucho más los que más tienen. Ante ello no se vale argumentar que no hay dinero o que los impuestos a los ricos frenarían los recursos para la inversión. El Salvador envía a paraísos fiscales un aproximado de 700 millones de dólares anualmente. Por supuesto, este tema jamás ha merecido un titular de portada. El problema es que cuando se dice que el país necesita inversión y empleo se quiere indicar que el Gobierno lo está impidiendo al aplicar nuevos impuestos. Lo cierto es que un buen grupo de empresarios prefiere enviar dinero a paraísos fiscales que invertir y crear empleos. O dedicarse al contrabando, un negocio que en nuestras tierras supera los 500 millones de dólares al año.

Los acuerdos de la cadena de supermercados Selectos con productores salvadoreños son encomiables. Sin embargo, despierta suspicacias que uno de los grandes inversionistas de la Pacific Rim haya acompañado a Bill Clinton y a Carlos Slim al acto de reconocimiento del excelente trabajo con agricultores. Como se sabe, esa empresa demanda del Estado salvadoreño una indemnización de 301 millones de dólares por no dejarle abrir explotaciones mineras. Y más de un asesinato se ha producido en el contexto de la resistencia popular a este tipo de proyectos. Por ello, causa repulsión ver a Clinton abrazando en El Salvador a alguien que representa a una empresa mentirosa, depredadora y sin escrúpulos. En general, los políticos, con su cuero de lagarto y su disposición a mezclarse con el dinero ajeno, suelen hacer eso con los donantes de sus fundaciones. Lo lamentable es que un buen experimento se mezcle con la presencia de un tipo que ha enjuiciado a El Salvador solamente porque nuestro país rechaza una amenaza medioambiental.

Dado que al joven Callejas se le quiere presentar insistentemente como un buen y visionario empresario —sin duda alguna para luego lanzarlo como candidato de una derecha renovada—, deberían cuidar más sus amistades. Ser millonario no implica automáticamente honradez. Y todos sabemos que un derrame de cianuro en la cuenca del río Lempa sería una desgracia nacional. Decir que no hay ninguna posibilidad de que eso pase es negar la realidad. En agosto de 2014 se derramaron en el río Sonora de México 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre. En agosto de este año, en el río Colorado de Estados Unidos se vertieron casi cuatro millones de litros de agua contaminada de una mina de oro. Hace dos meses, otra minera derramó cianuro en Argentina. En México, en los últimos dos años, hubo 32 accidentes de ese tipo. De los nueve vertidos más importantes en ese país, cinco correspondían a empresas mineras y cuatro a empresas de extracción petrolera. México es 80 veces más grande que El Salvador; Argentina, más de cien veces; y Estados Unidos, 400 veces más extenso. Tienen, pues, muchos más recursos y territorio para enfrentar un derrame de productos tóxicos. En El Salvador, un incidente de esos tendría consecuencias devastadoras para toda la población.

Exhibir como un “filántropo” al inversionista de Pacific Rim, tal como lo hizo La Prensa Gráfica, es una ofensa a nuestro país y un ocultamiento de la verdad. Pero, como afirmamos antes, el debate económico en El Salvador está siempre enturbiado por la falta de transparencia, por la propaganda mediática y por la idea de que en principio todo el dinero es bueno cuando no es fruto de ilegalidades. Aprender de una vez que la transparencia y la ética están por encima del valor del dinero no solo es bueno para el Estado, sino también para la empresa privada y para los medios de comunicación.