Enojo militar

El alto mando militar dice estar molesto porque la Fiscalía General de la República ha acusado a miembros del Ejército de cometer delitos. Para Munguía Payés, ministro de Defensa, la acusación es inaceptable, constituye un abuso de poder y forma parte de una práctica de acoso y persecución fiscal contra la institución armada. Sin embargo, en el historial de la Fuerza Armada hay mucha tela que cortar, en especial con respecto a la comisión de delitos. Porque crímenes se han cometido incluso al interior de instalaciones militares. Por ejemplo, son públicos los casos de cadetes que murieron en la Escuela Militar debido a presiones y maltratos por parte de sus instructores. Hace relativamente poco, un grupo de cadetes e instructores fue procesado y condenado por provocar la muerte por ahogo de un estudiante en la Escuela, y otro por dar una golpiza casi mortal a dos de sus compañeros, dejándolos lisiados de por vida, con graves secuelas físicas y neurológicas. No son pocos los militares en activo que han sido acusados de vender armas al crimen organizado y a las pandillas. Más de un militar retirado, con alta graduación, ha sido acusado de contrabando, de comerciar con productos ilegales y de evadir impuestos.

La acusación que ha molestado al Ministro de Defensa es todavía más grave, pues se presume que al interior de la Fuerza Armada opera un grupo de exterminio; es decir, que miembros del Ejército realizan ejecuciones extrajudiciales. Perpetrar un homicidio es un crimen, pero cuando lo comete de forma sistemática un grupo perteneciente a una institución estatal, estamos ante una muy grave violación a los derechos humanos. En este sentido, las acusaciones de la Fiscalía no pueden tomarse a la ligera, y cabe suponer que están sustentadas en indicios suficientes. Por tanto, ¿cuál sería el presunto abuso de poder en el que habría incurrido la Fiscalía en este caso? Abuso de poder es que la Fuerza Armada se niegue a ser investigada y a colaborar con la justicia. Aunque en un comunicado de prensa publicado el lunes 26 de febrero dice respetar el Estado de derecho y la institucionalidad, la práctica común de la institución es de signo contrario.

El Ejército, pese a que en teoría responde a una nueva doctrina militar, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz y en la Constitución de la República, todavía se comporta con prepotencia y como si estuviese por encima de la ley. Una institución que respeta la ley admite cuando sus miembros cometen delitos. Y en lugar de protegerlos, los pone a disposición de las autoridades pertinentes para que se esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas judiciales correspondientes. Una Fuerza Armada que no permite que las instituciones propias de un Estado democrático la fiscalicen es contraria a la doctrina de la democracia, y no es un cuerpo obediente, sino deliberante. Abusa del poder que le dan las armas y la cultura autoritaria para evadir la ley.

Abuso de poder es exigir privilegios y negarse a someterse a la autoridad civil, es destruir información que pudo ser útil para esclarecer los crímenes de guerra y lesa humanidad que el Ejército cometió en el pasado, es negarse a proporcionar los datos requeridos por el Instituto de Acceso a la Información Pública aduciendo motivos de seguridad nacional. También es abuso de poder oponerse a que se eliminen de los destacamentos militares los nombres de oficiales que ordenaron masacrar sin piedad a la población civil. En lugar de molestarse, el Ministro de Defensa debería, porque le corresponde de oficio, investigar y, por supuesto, permitir que la Fiscalía también lo haga. Si encuentran que la acusación es cierta, deben llevar a todos los involucrados ante la justicia, no sin antes expulsarlos de la institución castrense con baja deshonrosa. Actuar así contribuiría a mantener el prestigio de la Fuerza Armada salvadoreña, mientras que negarse a ser investigado y amenazar veladamente a otra institución del Estado por cumplir la misión que le corresponde es dañar a la institución militar.

Que el Ministro de Defensa denunciara a la Fiscalía haciéndose acompañar del alto mando, vestidos todos de faena, solo puede entenderse como un acto de intimidación contra quienes buscan que se cumpla con la ley. Este tipo de escenas, cada vez más frecuentes, repiten el modus operandi de la Fuerza Armada durante la guerra cuando quería mostrar unidad y, sobre todo, dejar claro su poder. Si el Ejército en verdad está interesado en defender su honor, tiene que someterse al imperio de la ley y responder al Estado de derecho, y no solo con declaraciones, sino con hechos.