Estafados

El año pasado, Asafondos, la ANEP y otras organizaciones que dicen ser de la sociedad civil promovieron una campaña contra la reforma del sistema pensiones que impulsaba el Gobierno. La campaña tuvo por lema “El robo del siglo” y buscaba posicionar en la opinión pública la idea de que la reforma trasladaría al Estado las cuentas individuales de ahorro de los cotizantes. Y de ahí el lema: ello supondría el robo del siglo, pues los casi ocho mil millones de dólares que suman las cuentas individuales pasarían a un fondo común de pensiones manejado por el Estado. La reforma nunca pretendió tal cosa.

En realidad, el objetivo principal de la campaña fue impedir una reforma de pensiones que implicara un regreso parcial o total a un sistema público y de reparto. Las justificaciones eran las de siempre: el Estado no es un buen administrador, no habrá recursos para pagarles la pensión a los nuevos jubilados, el sistema actual ofrece una mejor pensión y es más seguro, etc. Lo que escondieron entonces y siguen escondiendo ahora es que el sistema de ahorro privado para pensiones constituye una gran estafa. Una estafa para el país, al que le ha generado una inmensa deuda, tan grande que aún no ha podido cuantificarse con exactitud, pero que los estudios más serios estiman en 24 mil millones de dólares. Esa deuda deberán pagarla todos los salvadoreños.

También una estafa a todos los afiliados a las AFP, que recibirán una pensión miserable el día que decidan jubilarse; una pensión que no les permitirá tener una vida digna en los años en que más cuidados requerirán. Por muy alto que sea el salario que hayan recibido y aunque cuenten con las 300 cotizaciones requeridas para jubilarse, y a pesar del incremento de la cotización tanto del empleador como del empleado, las pensiones más altas que paga hoy el sistema a las mujeres que se retiran al cumplir 55 años de edad apenas alcanzan el valor del salario mínimo y no cumplen con la relación establecida por la OIT entre pensión y salario percibido.

Durante el Gobierno de Antonio Saca, el sistema de ahorro privado ya daba muestras de estafar al cotizante, y para maquillarlo aprobaron el Decreto 100, que benefició a los trabajadores nacidos antes de abril de 1962, ofreciéndoles una pensión que no se correspondía con el monto de sus ahorros, sino calculada del mismo modo que las pensiones en el ISSS, es decir, de acuerdo al antiguo sistema de reparto. El Decreto 100 ofreció buenas pensiones a ese grupo, y ello tranquilizó a muchos. Sin embargo, la medida fue incrementando la deuda pública a través de los fideicomisos de pensiones; otra estafa que esconde la verdadera deuda que el cambio de sistema de pensiones público a privado le está generando al Estado.

Si el intento de mejorar las pensiones a través de un sistema mixto, con participación pública y privada, era el robo del siglo, ¿por qué no se califica de robo la comisión del 25% que las AFP les cobran a los trabajadores en cada depósito a sus cuentas? ¿No se trata de un verdadero robo que con la reforma aprobada solo el 53.33% de lo que cotiza mensualmente un trabajador termine en su cuenta individual? ¿No es un robo que por simple administración las AFP obtengan ganancias anuales que sobrepasan el 80% de su capital nominal cuando los ahorros de los trabajadores no generan rentabilidad ni del 5%?

Hay que llamar a las cosas por su nombre. El sistema de ahorro privado para pensiones de El Salvador es una tremenda estafa que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, endeuda al país a niveles insostenibles y ofrece a los pensionados un futuro de pobreza.