Hacia una mayor justicia distributiva

Finalmente el Gobierno del presidente Funes ha tomado la iniciativa de presentar ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma fiscal, con el apoyo del FMLN y la oposición de una buena parte del sector empresarial y Arena. La reforma que el Gobierno ha presentado tiene cuatro ejes fundamentales: (1) incremento del impuesto a las utilidades netas de las empresas y a las que las mismas distribuyen entre sus accionistas; (2) mayor progresión en el impuesto sobre la renta de las personas naturales, exonerando del impuesto a las rentas más bajas e incrementando la tasa hasta un máximo del 30% para las más altas; (3) nuevo sistema de retención de impuestos que le permitirá al Estado ingresar fondos a lo largo de todo el año y no tener que recurrir a préstamos para hacer frente a los gastos corrientes; y (4) simplificación del sistema de la declaración de renta.

La reforma fiscal es una necesidad impostergable y ha sido recomendada por organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Su urgencia responde a varios factores. Uno de los de más peso: la enorme desigualdad social del país requiere de un sistema de redistribución de la riqueza que le permita al Estado responder a las necesidades de la población más desfavorecida. Los ingresos que el Estado obtiene con el sistema fiscal actual son insuficientes para cumplir con sus obligaciones, incluso para cubrir sus gastos corrientes. Ello ha llevado a un incremento de la deuda pública. Si esta continúa creciendo, las finanzas públicas quedarán gravemente comprometidas a futuro. Por otra parte, El Salvador ha dado su palabra a organismos internacionales de que alcanzará una carga tributaria del 17% del PIB para el año 2014. Y esto no podrá lograrse sin una reforma fiscal.

La propuesta que ha planteado el Gobierno del presidente Funes está basada en un principio muy importante para una política fiscal justa. La carga impositiva debe ser progresiva: a mayores ingresos, más alto el impuesto a pagar. Además, es muy acertado que la propuesta contemple eliminar el impuesto sobre la renta para los salarios menores a 469 dólares, pues, dado el alto costo de la vida, ese ingreso apenas alcanza para los gastos de una familia. Ello beneficiará a las familias de menores ingresos, que por ende tendrán una mayor capacidad adquisitiva mensualmente; y también supondrá un ahorro en la administración de Hacienda, pues se reducirá la cantidad de procesos de devolución de las retenciones a cuenta del impuesto.

Como era de esperar, las asociaciones empresariales y el partido Arena se han pronunciado totalmente en contra de la reforma. Las acusaciones de que es una propuesta populista, que no es el momento oportuno, que va ahuyentar la inversión y debilitará al sector empresarial son parte de la cantaleta acostumbrada siempre que se habla de una mayor carga fiscal. La verdad es que ninguna de estas afirmaciones se sostiene después de un análisis detallado. Es deber de un Gobierno defender los ingresos económicos de los hogares más pobres y velar para mantener su poder adquisitivo, por lo que disminuir el impuesto sobre la renta del sector con ingresos más bajos es conveniente para todos. Si los hogares tienen más dinero disponible, consumirán más y, por tanto, las empresas venderán más. Costa Rica y Nicaragua, los países de la región que tienen mayor carga fiscal, están recibiendo más inversión extranjera. Y ello es prueba de que la carga fiscal no ahuyenta las inversiones. Jamás hemos oído decir a los empresarios de El Salvador que es un buen momento para incrementar los impuestos. En contraste, en este tiempo de crisis, algunos grandes empresarios europeos han solicitado que se incrementen los impuestos para exigir mayor responsabilidad social a los que más tienen.

En la afirmación en que sí coincidimos con los empresarios y Arena es que el Gobierno debe ser más austero y eficiente. Duele que en un país pobre como el nuestro se gaste en grandes camionetas para los funcionarios, en recepciones casi diarias en hoteles, en propaganda para mostrar lo que hacen los funcionarios públicos, cuando ese dinero hace falta para mejorar la salud y la educación. Pero esta austeridad que le exigimos al Gobierno también se la pedimos a los empresarios y a los políticos, pues son ellos los primeros en despilfarrar en artículos lujosos, en fiestas costosísimas y en un nivel de vida que excede las posibilidades de nuestro país. Y es por eso que les duele la reforma fiscal, porque de algún modo esta les obligará a ser un poco más austeros y a ser más eficientes en sus empresas. La reforma fiscal es un paso hacia una mayor solidaridad de los que más tienen con el resto del país. Y si esta va acompañada de un uso eficiente y austero de los recursos públicos, es el camino adecuado para hacer posible el desarrollo en El Salvador.