Las recientes palabras del presidente de la República en El Mozote, criticando los Acuerdos de Paz, sonaron en los oídos de mucha gente como un desprecio a las víctimas de la guerra. En respuesta, apareció la etiqueta (hashtag) #ProhibidoOlvidarSV. Y con ella la gente ha hecho memoria de los crímenes cometido contra amigos, familiares y poblaciones concretas. La conmemoración de los Acuerdos venía decayendo por ser muy oficialista, por la participación constante de las mismas personas y por la repetición de los mismos discursos; a su pesar, la crítica del presidente a los Acuerdos logró renovarla. Ahora, muchos ciudadanos ha hecho suya la fecha histórica recordando a las víctimas de la guerra y exigiendo que se les respete .
La conmemoración excesivamente protagonizada por políticos ha pasado a ser, al menos este año, una actividad popular. Se ve en las redes sociales, pero también en instituciones y comunidades que han decidido tener sus propias actividades conmemorativas. Se resaltan en ellas dos aspectos fundamentales para la construcción de una sociedad pacífica: primero, sin memoria del pasado no hay identidad ni garantías de no repetición y, segundo, sin memoria de las víctimas no hay solidaridad posible ni democracia plena. El propio mandatario, viendo el fracaso de su ataque a los Acuerdos de Paz y la reacción popular en contra, ha tratado de enmendar su error cambiando el nombre del 16 de enero mediante decreto presidencial: de “día de la paz” a “día de las víctimas”. Ahora solo queda ver si en coherencia con ese cambio abre los archivos militares y protege y respeta a las víctimas y sus defensores. Si no lo hace —como seguramente sucederá—, quedarán al desnudo su hipocresía y oportunismo.
El hecho de que en estos días el director de la PNC haya apelado la sentencia por el asesinato de la agente Carla Ayala, que obliga a indemnizar con 10 mil dólares a sus familiares, muestra el escaso interés gubernamental por las víctimas. Desinterés que queda más patente cuando se sabe que el director de la PNC era el encargado de supervisar la actividad del cuerpo especializado policial en cuyo seno se produjo el feminicidio. Repetir los mimos errores de los partidos tradicionales de la posguerra es uno de los defectos de la administración actual. La novedad es que este tipo de comportamiento hipócrita ya no lo tolera un sector creciente de salvadoreños.
La celebración popular de los Acuerdos va en el camino correcto. Ha estado más afianzada en las víctimas y en el recuerdo de lo injusto. Abre unas posibilidades de revisión y corrección de nuestra historia que no tenían las celebraciones oficiales, demasiado centradas en los firmantes. Es una lección de madurez que conduce a salir del discurso vacío de los políticos. Un discurso que repite palabras como “moralidad notoria”, “justicia”, “un nuevo El Salvador”, “victoria sobre la corrupción”, “ayuda a las víctimas”, pero hace muy poco en favor del desarrollo equitativo y de la justicia social. Si quieren cumplir con las víctimas, los órganos y las instituciones estatales tienen que desterrar la impunidad de los victimarios y dar a quienes han sido golpeados por la injusticia la posibilidad de recuperar un futuro decente.