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De acuerdo a un informe de la división de Hábitat de la ONU, en 2014, 63,200 familias salvadoreñas no tenían vivienda y más de 450 mil habitaban una que no reunía condiciones dignas para un ser humano. Es decir, hace cuatro años, más de medio millón de familias, una tercera parte de la población, carecía de vivienda decente. Y esta dura situación se mantiene.
La vivienda es más que la suma de techo y paredes. Toda familia tiene el derecho de vivir en un lugar digno y seguro. Y ese derecho es interdependiente con otros, especialmente con los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud y a la educación. Por ello, apostar por solucionar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda implica apostar por mejorar muchos otros aspectos de la realidad. Tener una vivienda con los servicios básicos esenciales y con un espacio suficiente para las relaciones familiares redunda en la buena salud de sus habitantes.
Estudios especializados han comprobado que el cambio a una vivienda digna es una estrategia efectiva para mejorar el desempeño escolar de los niños de escasos recursos. Una vivienda digna también ayuda al fortalecimiento de la familia al proveer espacios adecuados para el descanso, la seguridad y la interacción entre sus miembros. Por otro lado, la experiencia muestra que una vivienda con las condiciones mínimas para el buen desarrollo de la vida eleva la autoestima de las personas, dignifica su existencia.
Si alguno de los Gobiernos de la posguerra hubiese entendido que la reducción del déficit habitacional contribuye a solucionar problemas sociales como la violencia, el país estaría en una situación distinta. Pero en El Salvador a la vivienda se le ha despojado de su función social. Como sucede con otros derechos fundamentales, como al agua, la salud y la educación, la vivienda se ha mercantilizado. Y ello ha tenido dramáticas consecuencias en el crecimiento de la desigualdad socio-espacial y en el proceso de exclusión de gran parte de la población, sobre todo en las grandes ciudades. Una vivienda en una zona exclusiva del área metropolitana de la capital aumenta su valor anualmente; una ubicada en una colonia populosa signada por la violencia y la inseguridad cada día vale menos.
El derecho a la vivienda se ha hecho a un lado. En esta área, el Estado ha descuidado su función de contraloría y su potestad de pedir cuentas al sector privado, en detrimento de los derechos humanos. El poder de las empresas urbanísticas es tan grande que parecen ser ellas y no el Gobierno quienes deciden el uso del suelo y los límites de construcción. Los actores privados solo ven en la vivienda un negocio, despojándola de su carácter social. Frente a esta realidad, la UCA se unió a un esfuerzo coordinado con instancias privadas y públicas, nacionales e internacionales, para formular una propuesta de Ley de Vivienda y Hábitat, la cual fue entregada hace algún tiempo al actual Gobierno, sin que hasta el momento ello se haya traducido en cambio alguno.
El Gobierno y los empresarios de la construcción deben trabajar de la mano con las instancias que defienden el derecho a la vivienda a fin de recuperar cuanto antes la función social de la misma. Dignificar a la familia salvadoreña con vivienda adecuada, estamos seguros, tendrá impactos positivos sobre otras dimensiones de la vida social y mejorará la situación general del país.
