Magistrados capaces e independientes

A casi 30 días del vencimiento del mandato de cinco de los magistrados titulares y sus respectivos suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa aún no elige a quienes los sustituirán en los próximos nueve años. Y la razón de ello es la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios. Dada la actual correlación de fuerzas en la Asamblea, la elección de funcionarios de segundo grado, que requiere mayoría cualificada (56 votos), no puede realizarse sin un acuerdo entre Arena y el FMLN. Por ello, mientras no se supere el entrampamiento, mientras ambos partidos insistan en impulsar a solas a los candidatos de su preferencia, no habrá nombramientos.

Sin embargo, el proceso de elección de los magistrados inició mucho antes. Según la Constitución, dicho proceso tiene tres etapas: la primera consiste en la selección de 15 candidatos mediante el voto de los abogados; la segunda, la selección de otros tantos por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura; y la última, la elección definitiva a manos de la Asamblea Legislativa a partir de esa lista de 30 candidatos. La primera etapa se realizó el 28 de marzo con la participación de los miembros de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), que aglutina a la mayoría de abogados del país. Por su parte, el Consejo Nacional de la Judicatura finalizó la suya el 18 de mayo. Así, el 19 de mayo, ya con cierto retraso, la Asamblea conoció la lista definitiva de candidatos.

Este proceso complejo y participativo se concibió para garantizar que los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean abogados y jueces de reconocido prestigio, ya que deben ser seleccionados por sus colegas en base a los criterios de moralidad y competencia notorias. Por ende, la Asamblea Legislativa no debería tener dificultad para escoger de entre los 30 candidatos a los 10 más idóneos, pues todos han recibido el aval del gremio de abogados o del Consejo Nacional de la Judicatura. Por desgracia, las cosas en la realidad son distintas; el FMLN y Arena tienen opiniones muy diversas sobre los candidatos, buscan impulsar a los que les son cercanos y bloquear a los del contrario. Este interés por la cercanía y simpatía partidarias de los candidatos ha opacado la preocupación por su idoneidad, sus capacidades en el ejercicio de la abogacía o de la judicatura, los méritos que han obtenido a lo largo de los años, su comportamiento en el desempeño de la profesión.

Así las cosas, difícilmente los partidos mayoritarios llegarán pronto a un acuerdo, tal y como sería deseable. Y en el caso de que ese pacto se alcance, es probable que se establezca según un reparto por cuotas partidarias, como ya es tradicional. La despartidización de la Corte Suprema de Justicia es un avance importante para el Estado de derecho y la democracia en nuestro país, además de una exigencia de la Constitución. Ya la Sala de lo Constitucional ha obligado a repetir la elección de magistrados escogidos por sus vínculos partidarios; sería grave que eso ocurriera nuevamente. Arena y el FMLN tienen que hacer el esfuerzo de pensar en el bien del país y de las instituciones democráticas, superar sus prejuicios y simpatías ideológicas con los candidatos, y garantizar antes que nada tanto la idoneidad y competencia de los mismos, como su independencia respecto a los partidos y otros sectores de poder de nuestra sociedad. Solo así contribuirán de verdad a una justicia pronta y cumplida al servicio de todos los salvadoreños.