Más seguridad, menos bienestar

El más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) en El Salvador, realizado a finales de 2025, ofrece una radiografía compleja de la realidad nacional. Aunque la población reconoce una disminución significativa de la delincuencia, las preocupaciones en torno a la economía y la calidad de vida cotidiana se intensifican y marcan el pulso de la opinión pública. Más del 95% de las personas afirma no haber sido víctima de delitos en el último año, y los niveles de confianza hacia las instituciones armadas y de seguridad se mantienen elevados. Estos datos consolidan la seguridad como uno de los principales logros de 2025. De hecho, el 69.4% de la población identifica la mejora en seguridad y el combate a las pandillas como los sucesos más positivos del año.

Sin embargo, la economía continúa siendo el principal desafío nacional y un verdadero dolor de cabeza para las familias. Nueve de cada diez personas consideran que el costo de vida ha aumentado o se ha mantenido igual, mientras que ocho de cada diez señalan que el desempleo se mantuvo o incluso se incrementó en 2025. Ante esta situación, muchas familias reportan haber reducido el consumo de alimentos básicos o recurrido a préstamos y trabajos adicionales para cubrir sus necesidades, lo que refleja la fragilidad de los ingresos y la persistente vulnerabilidad económica que atraviesa una gran parte de los hogares.

El 44% de las personas declara que los alimentos constituyen el principal gasto dentro del presupuesto familiar, seguido por servicios básicos y medicamentos. Resulta alarmante que el 58.2% de la población afirme que el aumento de precios ha afectado su consumo dentro del hogar, especialmente en productos esenciales como carne de res, leche, frijoles y huevos. Esta reducción en el acceso a alimentos básicos amenaza con tener consecuencias graves en la seguridad nutricional de la población si la tendencia se mantiene o se profundiza, generando un impacto directo en la salud y en el bienestar de las familias más vulnerables. A esta problemática se suman tensiones sociales emergentes, como la mala calidad de los servicios públicos, los conflictos y desalojos en el Centro Histórico de San Salvador, y los despidos laborales. 

En contraste, las medidas de alivio económico más reconocidas por la población (el bono agrícola, los paquetes escolares y el pago de recibos de agua y luz a inicios de 2025) muestran que las acciones puntuales de apoyo tienen un impacto tangible y simbólico en la vida cotidiana. No obstante, el aumento del salario mínimo fue considerado poco o nada beneficioso por el 54.6% de las personas. Además, la población declara que dicho incremento ha sido insuficiente frente a la percepción de un aumento generalizado de precios, especialmente en productos de la canasta básica, lo que termina por erosionar cualquier mejora salarial.

También se señala que el salario mínimo debería alcanzar en promedio los $548, lo que evidencia una brecha de al menos $140 respecto al salario mínimo más alto vigente. Este dato subraya la necesidad de respuestas estructurales y sostenibles en el ámbito económico, más allá de medidas coyunturales que, aunque visibles, no logran transformar las condiciones de fondo.

El estudio devuelve la imagen de un país que se siente más seguro, pero que sigue luchando contra la precariedad económica y social. La esperanza hacia el futuro, expresada por 7 de cada 10 personas, demanda cada vez más ser acompañada de políticas públicas capaces de traducir esa expectativa en mejoras reales en ingresos, servicios y calidad de vida.

Finalmente, el nivel de confianza institucional refleja un panorama desbalanceado que favorece a las instancias que protagonizan el tema de seguridad. La población otorga mayor confianza a Nayib Bukele (77%), al gobierno central (69.6%), a la Fuerza Armada (69.1%) y a la Policía Nacional Civil (68.2%). En un segundo nivel de confianza se encuentran, entre otras, la Iglesia católica (58.4%), la Fiscalía General de la República (56.9%), el sistema penitenciario (56.3%), las Iglesias evangélicas (55.9%) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (50.9%). En contraste, la Asamblea Legislativa (43.3%), los empresarios (42.6%), las alcaldías (40.6%) y los partidos políticos (31.4%) reciben los niveles más bajos de confianza. Estos datos muestran una profundización de la fractura entre la ciudadanía y una parte de las instituciones tradicionales, lo que plantea un reto adicional para la gobernabilidad democrática.

En definitiva, el sondeo desnuda los dilemas de un país que reconoce positivamente los avances en seguridad mientras enfrenta una economía venida a menos. La confianza depositada en las instituciones de seguridad y en el liderazgo presidencial contrasta con la desafección hacia los partidos y las instancias territoriales, lo que evidencia un vacío de representación política. En este contexto, la narrativa de estabilidad basada en la seguridad corre el riesgo de debilitarse frente a la persistente precariedad que marca la mesa y el bolsillo de las familias salvadoreñas.