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Esta vez el señalamiento no viene de ninguna instancia nacional. Según una publicación de CNN, el Gobierno estadounidense ha financiado y equipado a agentes de élite de la PNC señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo a la nota, la ayuda comenzó a llegar durante la administración de Francisco Flores. Desde entonces, Estados Unidos habría enviado millones de dólares para sostener el combate de la Policía contra las pandillas. Como era de esperarse, los voceros de la PNC desmintieron la información, afirmando que la ayuda está destinada a la capacitación y profesionalización de las unidades especializadas en la tarea, respetando siempre el marco jurídico.
El tema, por supuesto, no es nuevo. En junio de 2016 se desarticuló un grupo de exterminio al que se le atribuyeron unos 40 asesinatos y del que formaban parte dos oficiales y cuatro agentes de la PNC, 10 soldados y más de 30 civiles. En marzo de 2017, el asesinato de cuatro miembros de la Mara Salvatrucha en el oriente del país fue atribuido a otra de esas estructuras. En febrero de este año, un tribunal condenó a penas de entre 13 y 184 años de prisión a 21 miembros de un tercer grupo de exterminio (seis policías entre ellos) que operaba en la zona occidental.
El año pasado, un juzgado determinó que un grupo del GRP asesinó a un joven en la finca San Blas, en San José Villanueva. En el juicio se comprobó que la víctima no pertenecía a ninguna pandilla. Sin embargo, no se condenó a ninguno de los involucrados. Hace pocos días, un policía fue condenado por asesinar a un hombre al que se le fabricaron pruebas para aparentar que había disparado contra los agentes. Y finalmente, vale recordar el antecedente más conocido, el grupo de exterminio “La Sombra Negra”, que operaba en la zona oriental. La banda criminal fue desarticulada en 1996 y en ella participaban oficiales de la PNC.
Por todo esto y más, la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, denunció en febrero de este año la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador, por lo que pidió al Gobierno hacer sus mayores esfuerzos para ponerles paro. Precisamente, la citada publicación de CNN anuncia que Callamard destacará en su próximo informe que el 92% de las investigaciones contra la PNC se desestiman en las primeras 72 horas y que muy pocas resultan en condenas.
De confirmarse, la investigación periodística tendría dos consecuencias fundamentales. La primera, probaría que los grupos de exterminio no son cosa del pasado ni iniciativa solo de ciudadanos, sino parte de una política de Estado. No se trataría, entonces, de grupos que operan al margen de la ley, sino de sicarios que obedecen lineamientos institucionales. La segunda, dejaría patente la doble moral de Estados Unidos, que con esta supuesta ayuda estaría promoviendo y apañando el mismo tipo de brutalidad y arbitrariedad de aquellos a quienes califica de terroristas. Aunque la revelación de la cadena estadounidense de noticias no ha tenido mucho eco en el país y aunque muchos salvadoreños están de acuerdo con ese tipo de crímenes, no puede ignorarse la gravedad del asunto.
