Pierde El Salvador

Cuando el pasado 7 de abril el Estado se declaró en impago y, en consecuencia, no honró la deuda con los fondos de pensiones, casi todo el país salió perdiendo. Pierde el Estado, que pagará mayores tasas de interés por los préstamos que adquiera a partir de esa fecha. Además, pierde su reputación de buen y puntual pagador de deudas. Pierden también los ciudadanos y las empresas, es decir las finanzas privadas, porque los bancos incrementarán las tasas de interés de los préstamos. Pierden los trabajadores cotizantes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP,) porque verán cómo sus ahorros en las cuentas individuales de pensiones disminuyen de valor.

Decimos que casi todo el país perdió porque en los asuntos financieros siempre hay unos pocos que salen ganando. En este caso, han ganado los inversionistas especuladores, que ahora obtendrán mayores rendimientos al adquirir deuda pública salvadoreña. La baja en la calificación de la misma implica una reducción en los precios de los bonos soberanos; por tanto, los inversionistas pueden adquirirlos ahora a precios más bajos, lo que les supondrá una mayor rentabilidad en sus inversiones. Además, obtendrán ganancias cuando los precios de los bonos suban, lo que sucederá tarde o temprano. También ganan las instituciones financieras, ya que ahora podrán prestar a mayores tasas de interés y así obtener más ganancias por sus operaciones crediticias.

También hay quienes ni pierden ni ganan, sino que siguen haciendo su negocio y amasando fortunas a costa de los trabajadores, independientemente de lo que ocurra con la credibilidad financiera del país y su nivel de riesgo. Nos referimos a las administradoras de fondos de pensiones, que reciben por anticipado su comisión, sin importar la rentabilidad de los fondos que gestionan ni la calidad de esas carteras. En este sentido, es llamativo oír a los representantes de las AFP rasgarse las vestiduras ante estos acontecimientos, pues en nada les perjudican. Las administradoras, a lo largo de todos sus años de existencia en el país, han mostrado que son un suculento negocio y que no están dispuestas a realizar ningún gesto de solidaridad con las pérdidas de los trabajadores cotizantes ni a compartir con ellos sus abundantes beneficios.

Mientras se quejan de los bajos intereses que paga el Estado por los fondos que toma prestados a los trabajadores, las AFP les cobran a estos una altísima comisión por administrarles sus cuentas. Si esa desproporcionada comisión disminuyera, no solo se podrían compensar en buena medida esos bajos intereses, sino que los fondos aumentarían y ello repercutiría en una mejor pensión para los trabajadores. Los beneficios anuales netos que obtienen las AFP (superiores siempre al 50% del capital invertido) permiten una disminución de la comisión sin que ello ponga en riesgo la sostenibilidad ni la rentabilidad de las administradoras.

Para colmo de males, la situación financiera de nuestro país es tan crítica que no solo está en riesgo la capacidad estatal de pagar compromisos, sino también la posibilidad de mantener la dolarización de la economía. Ello preocupa tanto a los bancos internacionales que operan en nuestro país, que son la mayoría, como a algunos empresarios, que ven en peligro la continuidad de sus negocios. Por ello, ambos piden que la oposición y el Gobierno alcance un acuerdo político en el menor plazo posible. Un acuerdo que pasa ineludiblemente por adquirir nueva deuda pública, aun cuando se incluyan todas las partidas en el Presupuesto y se aplique cada una de las medias de austeridad solicitadas por el partido Arena.

Por el bien de todos, es fundamental que El Salvador recupere su credibilidad financiera, mejore su calificación de riesgo y estabilice su economía. Las empresas calificadoras de riesgo —que no están exentas de intereses y que han sido cuestionadas por la manera en que valoran el riesgo financiero de un país— han señalado que la reducción en la calificación de la deuda pública salvadoreña se debe no tanto a las dificultades de pago, sino a una polarización política que no cede, es decir, a la incapacidad del FMLN y Arena para ponerse de acuerdo en materia fiscal, de pensiones y de deuda pública.

En definitiva, para que El Salvador mejore su calificación de riesgo y esta crisis se supere es necesario que los dos principales partidos políticos alcancen entendimientos sobre esos tres temas, claves en materia financiera y piedras en el zapato de las finanzas públicas de nuestro país.