Por la dignificación de la vejez

La situación de los adultos mayores es un tema del que casi no se habla. En las campañas electorales, apenas se aborda, quizá por vergüenza o simple olvido. Por la permanente postergación de la satisfacción de las necesidades de este grupo, pareciera que conforme aparecen las canas, comienzan a desaparecer los derechos constitucionales. En el país, solo una quinta parte de la población aspira a tener una pensión; por tanto, la gran mayoría llega a la vejez sin tener para comer. Así, muchos de los que dieron todo de sí para que sus hijos e hijas tuvieran mejores oportunidades terminan sus días sin poder llevar una vida digna.

Para algunos, el envejecimiento de la población es solo un problema de economía. Ciertamente, los adultos mayores demandan atención y servicios especiales que suponen inversión pública, pero el problema no se reduce a lo económico. En el sistema capitalista, todo se valora desde la rentabilidad; por ello, desde su lógica, el adulto mayor es costo improductivo. Sin embargo, desde un enfoque social y humanitario, los adultos mayores tienen necesidades específicas que deben ser satisfechas sin menoscabar su dignidad. No se trata, pues, de gente débil e improductiva, sino de seres humanos que pasan a una nueva etapa de la existencia que debería vivirse a plenitud.

En la mayoría de los pueblos indígenas, los adultos mayores son apreciados y respetados. Se mantienen activos en la vida comunitaria y en la toma de decisiones, porque son sinónimo de sabiduría e integración. Son portadores del conocimiento de su pueblo. En contraste, el capitalismo ha llevado a que a los adultos mayores se les considere y se les trate como descartados, personas que existen sin ser tomados en cuenta. Para enfrentar esa realidad, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 27 de enero la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor. La aprobación de la normativa es un triunfo de las organizaciones que han luchado durante años por dignificar la vejez. Aunque constituye un paso en la dirección correcta, el camino por recorrer es largo.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el año 2019 había en El Salvador 12 adultos mayores por cada 100 habitantes, es decir, alrededor de 800 mil personas. Una muestra del abandono de este sector es que el país cuenta con solo 12 geriatras,concentrados casi todos en la capital. Además, como parte del recorte de programas sociales, el Gobierno actual suprimió la Secretaria de Inclusión Social y eliminó el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de Personas Adultas Mayores, desandando así lo poco que se había avanzado en la materia.

Actualmente, por cada 100 niños y adolescentes, hay 45 adultos mayores; se prevé que dentro de 20 años habrá muchos más. Ese aumento significará mayor demanda de servicios de salud, pensiones y lugares de cuido para ellos . En este campo es donde las políticas públicas hacen la diferencia. Cabe alegrarse por la aprobación de la nueva ley, pero hay que ser conscientes de que cambiar la dura realidad de los adultos mayores requiere un involucramiento del Estado por completo.