Sin Presupuesto

Iniciamos 2018 sin Presupuesto General de la Nación: la Asamblea Legislativa aún no reúne los votos requeridos ni ha aprobado la partida de 554 millones de dólares de deuda pública necesaria para financiarlo. Antes de Navidad, después de dos meses de negociaciones entre el FMLN y Arena, y gracias al apoyo técnico del BID, las dos principales fuerzas políticas alcanzaron algunos acuerdos, como disminuir el valor de la deuda pública para balancear el Presupuesto, incrementar los ingresos con una mejor estimación de los mismos y reducir gastos que la oposición considera superfluos. Incluso trascendió que se acordó financiar el déficit fiscal con un préstamo del BID, que ofrecía mejores condiciones que el mercado internacional de valores. Hasta ese momento, todo ello parecía suficiente para que se lograra la aprobación del Presupuesto en la primera sesión plenaria de este año, contando con el apoyo de la fracción arenera.

Aunque la derecha política, acompañada de la ANEP y Fusades, ha insistido constantemente en que es necesario disminuir los gastos para evitar el despilfarro y que los recursos con los que cuenta el Estado son suficientes para su funcionamiento sin necesidad de recurrir a más endeudamiento, algunos expertos en la materia consideran que el Presupuesto es demasiado pequeño para ofrecer servicios de calidad y sentar las bases para el desarrollo y bienestar de todos los salvadoreños. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que, a nivel mundial, el presupuesto de un Estado promedio representa el 33% de su producto interno bruto; en contraste, el Presupuesto General de la Nación propuesto para 2018 apenas alcanza el 19%. Y mientras que para Arena el problema del Presupuesto son los gastos, el Instituto apunta a los bajos ingresos fiscales del país.

Para el Icefi, el Presupuesto de 2018 no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que para este año la carga tributaria debía representar el 17% del PIB (solo llega al 15.7%). Si Arena, ANEP y Fusades no aceptan a corto plazo un ajuste fiscal fundamentado en una mayor justicia fiscal (tal como han recomendado todos los organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional), si no aceptan la necesidad de instaurar los impuestos al patrimonio y predial, y aplicar mayor progresividad en el impuesto sobre la renta, no se podrá hablar en El Salvador de una política fiscal suficiente, justa y transparente, ni se hará del Presupuesto un instrumento para la democracia económica y el desarrollo.

Para el Instituto, también es necesario que el Presupuesto se elabore desde un enfoque de derechos humanos, es decir, que apunte a la universalidad en la provisión de bienes y servicios públicos. Además, deben eliminarse aquellos rubros innecesarios, como la contratación de seguros privados y la asignación de vehículos de lujo para funcionarios públicos. A este respecto, es fundamental que no se disminuyan los gastos recortando la inversión pública, ya en niveles muy bajos desde hace años. La exigua inversión pública provoca que El Salvador apenas registre crecimiento económico. La austeridad bien entendida busca ahorro en aquello que es superfluo, accesorio. No es austeridad la que lleva a no invertir en gastos de capital, en infraestructura, en actividades que generan más ingresos para el Estado. Esa supuesta austeridad es una trampa que mantiene al país en un grave estancamiento.

Así las cosas, es esencial que los diputados y sus partidos pongan atención a los puntos señalados por los organismos internacionales. El Presupuesto de 2018 debe responder a las necesidades de El Salvador y posibilitar un mejor futuro para toda la población, no solo para una pequeña minoría. Debe aprobarse, pues, un Presupuesto que le posibilite al Estado cumplir con su obligación de proveer servicios de calidad y garantizar el desarrollo sostenible.