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Al considerar los factores que impulsan la participación cívica, una suposición común es que esta nace de un alto interés en política o de la motivación individual para sumarse al debate social y a la acción colectiva. En realidad, la participación exige recursos tan elementales como tiempo, atención y energía. En este sentido, existe una tensión constante entre las razones que animan a la gente a participar y las posibilidades reales que tienen para hacerlo.
En torno a este equilibrio, surgen algunas interrogantes: ¿cuánto varían los obstáculos que afrontan las personas para involucrarse en asuntos públicos?, ¿qué factores impactan en los recursos de los que disponen para sumarse a agrupaciones cívicas o iniciativas comunitarias? y ¿quiénes resultan más afectados por estas desigualdades? Estas preguntas apuntan a algunos de los elementos decisivos para la participación cívica y llevan a fijar la atención en los grupos históricamente excluidos de ella.
En un momento como el que atraviesa el país, la participación cívica resulta muy difícil ante el cierre del espacio público, la reducción de las libertades civiles y un creciente temor de opinar sobre temas políticos. A este escenario se suman otras dinámicas menos evidentes, que ocurren en la intimidad de la vida familiar y que también constituyen un obstáculo para el involucramiento en asuntos públicos.
Un grupo que con frecuencia ve limitadas sus condiciones básicas para la participación es el de quienes destinan la mayor parte de su jornada diaria a la tarea de brindar cuidados, ya sea de infantes, adultos mayores, personas con un padecimiento de salud u otras personas en situación de dependencia. Si bien brindar cuidados es una labor muy valiosa, sin la cual la vida no podría sostenerse, también es una tarea que debe ser compartida. Para que las responsabilidades del cuidado se distribuyan de forma justa, se necesita un balance entre la carga de cuidados que se absorbe dentro de los hogares y la que asumen el Estado, las organizaciones sociales y redes comunitarias, y los servicios de cuidado remunerado.
Sin embargo, en la región latinoamericana se registra un grave desbalance en la distribución de las labores de cuidados. Con base en informes recientes presentados en el contexto de la Sexta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, Oxfam señala que las tareas de cuidados continúan recayendo de forma desproporcionada en las familias y, al interior de estas, en las mujeres, que en promedio dedican casi tres veces más tiempo que los hombres a esta labor. Los datos globales también dan cuenta de este desequilibrio: según cifras del PNUD, en 2024 las mujeres realizaban el 76.2% del trabajo de cuidado no remunerado.
La sobrecarga de las tareas de cuidado puede tener consecuencias negativas para quienes las realizan, como pérdida de autonomía, poco tiempo libre y mayores dificultades para acceder a empleos remunerados y, con ello, a protección social y seguridad económica. Además, dicha sobrecarga afecta la salud física y mental de las cuidadoras; cuando se prologa, abre la puerta a cuadros de depresión, angustia, desesperanza, miedo, frustración, soledad y merma de las capacidades de atención y concentración debido a la fatiga.
En definitiva, la sobrecarga de labores de cuidado impacta de tal modo en la vida cotidiana de las cuidadoras que puede reducir sus condiciones reales para participar en la vida ciudadana. Una cuidadora que dedica toda su atención al bienestar de otras personas —hasta el punto de carecer de horas de descanso— y que soporta de manera reiterada el desgaste emocional que implica cuidar, difícilmente dispondrá del tiempo y la energía necesarios para participar en procesos de socialización política, tomar decisiones en una organización comunitaria o integrarse a un grupo orientado a alcanzar un objetivo social.
Por ello, es necesario siempre insistir en la urgencia de una justa distribución social de las tareas de cuidado como condición indispensable para la vida democrática. Esta redistribución requiere, entre otras medidas, un fuerte compromiso del Estado en la provisión de servicios de cuidado de manera que el mayor peso de esta labor no recaiga en las familias y en las mujeres. Mientras esto no se concrete, el sobreesfuerzo que supone asumir estas tareas en el ámbito privado seguirá limitando el derecho de las cuidadoras a participar en la esfera pública en condiciones de igualdad.
