Un llamado de atención

El 15 y 16 de noviembre, por primera vez, un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó El Salvador. La instancia que él representa cristaliza el compromiso de las naciones del mundo con los ideales universales de la dignidad del ser humano. Si bien las visitas de los funcionarios de la ONU se dan a raíz de una invitación gubernamental, nunca son de cortesía. Oficialmente se manejó que el funcionario vino para “discutir avances y retos en materia de derechos humanos”; discusión que se realizó con las autoridades nacionales y con organizaciones humanitarias. Sin embargo, la visita constituye un llamado de atención sobre la situación del país en materia de derechos humanos: un doctor no visita a los sanos, sino a los enfermos.

Ya antes algunos relatores de la ONU han venido al país; por ejemplo, el de Libertad de Expresión y el de Derechos Humanos y Ambientales. La ocasión más reciente fue en agosto de este año, con la visita de la Relatora Especial de Derechos Humanos sobre Desplazados Internos. La relatora, Cecilia Jiménez, declaró ante la prensa que el país “debe realizar mayores esfuerzos para ayudar a las familias forzadas a abandonar sus hogares a consecuencia de la violencia de las pandillas”. Por otro lado, en el informe de septiembre de este año de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, El Salvador fue incluido en la lista de los 40 países del mundo donde los derechos humanos están comprometidos. De Centroamérica, solo nuestro país y Guatemala aparecen en ese informe, y son las únicas naciones que el alto funcionario de la ONU incluyó en esta su reciente gira.

A propósito de El Salvador, el informe señala que, “en medio de la continua violencia entre miembros de pandillas poderosas y las fuerzas de seguridad, se han producido informes alarmantes de asesinatos extrajudiciales”. Además, destaca “las amenazas a periodistas que trabajan para documentar supuestos escuadrones de la muerte, incluida la presunta colusión por parte del personal de seguridad”. Por ello, la visita del Alto Comisionado es expresión de la preocupación por el irrespeto a los derechos humanos. El Salvador está enfermo. Los derechos humanos de las víctimas del pasado y del presente no solo no han sido garantizados, sino que han sido pisoteados por los tres poderes del Estado.

El Salvador tiene un santo reconocido en todo el mundo, monseñor Romero, cuyo asesinato no ha sido investigado oficialmente, aunque es de sobra conocido quiénes lo mandaron a matar. El caso de la masacre en la UCA progresa en España mientras acá se continúan poniendo obstáculos a la justicia y la verdad. El desplazamiento forzado de familias no ha sido reconocido oficialmente por el Estado, a pesar de ser miles las personas afectadas. Las violaciones a derechos humanos por parte de la Policía y el Ejército, hoy pan de cada día, minan la confianza ciudadana sin que el Gobierno quiera o pueda poner freno. En los centros penales, a las condiciones de confinamiento inhumanas y el hacinamiento se ha sumado una epidemia de tuberculosis galopante, que ya representa una seria amenaza para la salud pública. La Asamblea Legislativa sigue resistiéndose a reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos fundamentales. Por todo ello y más, la primera visita de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos no fue casual; obedeció a que en El Salvador se está irrespetando la dignidad humana de muchísima gente.