Un Presupuesto para la justicia social

Está en marcha la elaboración del Presupuesto General del Estado 2017. Y ya las instituciones estatales se afanan para que se les concedan los fondos que dicen requerir para hacer un buen trabajo y servir mejor al pueblo salvadoreño. Por desgracia, la realidad es otra. El Presupuesto no se está construyendo pensando en las mayorías, en los más desprotegidos, en aquellos que por su condición requieren de mayor apoyo. Tampoco se enfoca en la solución de los principales problemas del país ni en generar condiciones que posibiliten el desarrollo sostenible. No es que el dinero por sí solo pueda resolver los grandes problemas que tenemos, pero sin duda es necesario para implementar mejores y más eficaces soluciones.

El Salvador necesita avanzar hacia la justicia social. Si se quiere que haya equidad, sentar las bases para resolver la injusticia y la violencia, esos deseos deben verse reflejados en el Presupuesto. Todos los estudios serios sobre la realidad nacional, como los informes de desarrollo humano del PNUD, muestran que la situación de violencia y criminalidad, la desigualdad, la falta de empleo y la crisis económica solo podrán resolverse invirtiendo en la gente, y ello supone priorizar el gasto social. Con esta perspectiva, el Presupuesto debería considerar los siguientes puntos.

En primer lugar, un incremento al ramo de educación, a fin de avanzar hacia la implementación del modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno y ampliar la cobertura del bachillerato a nivel nacional. Estas son dos apuestas necesarias para mejorar tanto la calidad de nuestra educación como para prevenir la delincuencia juvenil. Ello requiere duplicar los fondos asignados a educación, lo cual fue una de las promesas de campaña de todas las fórmulas presidenciales en competición. Todos los candidatos prometieron asignar el 6% del PIB a educación; actualmente ni siquiera llega al 3.3%.

En segundo lugar, aumentar el presupuesto de salud, y ello no para cumplir con el mal llamado escalafón del personal de salud, sino para mejorar la atención en todo el sistema público, ampliando la capacidad de las instalaciones sanitarias y el número de camas en los hospitales, y mejorando el suministro de medicamentos y todos aquellos recursos vitales para el funcionamiento de los centros de salud. También es necesario incrementar la cantidad del personal dedicado a la atención de pacientes y crear unidades de salud mental, especialmente en las zonas que más sufren la violencia.

En tercer lugar, incrementar el presupuesto de la Fiscalía General de la República, de modo que pueda fortalecerse para luchar contra la impunidad. La Fiscalía requiere de recursos especializados, fiscales mejor formados, con más capacidad de dirigir investigaciones y presentar las pruebas respectivas. Y lo mismo aplica para la Policía. Finalmente, incorporar una partida para poner en marcha, con carácter de urgencia, actividades de prevención del delito y de atención a víctimas de la violencia, y para implementar el Plan El Salvador Seguro de manera más amplia y eficaz.

Para obtener los recursos para todo ello será necesario eliminar los rubros que implican despilfarro de los fondos públicos y que representan un agravio comparativo ante la situación de pobreza de la mayoría de la gente del país. Hay que dejar fuera del Presupuesto la compra de camionetas todoterreno; reducir y regular el uso de la flota de vehículos estatales; prohibir los banquetes y refrigerios para funcionarios de alto nivel; prohibir la publicidad gubernamental que no tenga fines educativos; eliminar los vales de combustible, los gastos de representación y cualquier prebenda o prestación no estipulada por ley para los empleados del Estado. Es vergonzoso que cada vez haya más instituciones públicas que adquieren seguro privado de salud para su personal cuando para ello está la Seguridad Social. Y es escandaloso que los empleados mejor pagados de nuestro país reciban bonos extraordinarios cuando hacen falta recursos para satisfacer las necesidades más básicas de la población.

Si pese a esos recortes y un control estricto del gasto público no alcanzan los recursos —y seguro no alcanzarán ante la enormidad de necesidades y problemas—, entonces habrá que implementar una reforma fiscal a fondo. Una reforma diseñada para que aporten más los que más tienen y que impida la evasión fiscal, en base a la cual muchos de nuestros potentados han construido sus fortunas. Este año, la aprobación del Presupuesto será especialmente compleja y difícil. La correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa obligará a los partidos a alcanzar acuerdos. Ello puede convertirse en una gran oportunidad para que el Presupuesto sea austero y responda mejor a las necesidades de la población y de las instituciones, y, sobre todo, permita avanzar hacia la justicia social.