Una elección interna desbocada

El Tribunal Supremo Electoral está, de nuevo, envuelto en polémica. Su decisión de ordenar a los medios de comunicación y empresas publicitarias la suspensión de todo contenido o propaganda de los precandidatos presidenciales provocó una airada reacción de los sectores ligados a la derecha política y mediática del país. Arena habla de una ley mordaza. Los juristas de la derecha dicen que la autoridad electoral se ha extralimitado. La Sociedad Interamericana de Prensa pregona que se está coartando la libertad de expresión. Sin embargo, la responsabilidad por este problema no es solo del Tribunal.

Un grupo de instituciones académicas, la UCA entre ellas, presentó en 2012 una propuesta de Ley de Partidos Políticos. Todas las fracciones de la Asamblea Legislativa aprobaron en febrero de 2013 una normativa que dejó a un lado la democratización interna de los partidos y la transparencia sobre sus financistas. Frente a ello, en agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional dictó una sentencia que les ordenó a los partidos hacer pública su lista de donantes y aplicar las reglas de la democracia representativa de cara a la elección de los dirigentes y los candidatos a ocupar un puesto en el Estado. Es decir, no por convicción sino por obligación los partidos tuvieron que abrirse a la democracia interna. Pero ni los diputados ni el Tribunal Supremo Electoral se preocuparon por reglamentar esa apertura. Y he acá la razón de fondo del choque entre Arena, los grandes medios de comunicación y el Tribunal.

De los 18 países latinoamericanos que supuestamente se rigen por sistemas democráticos, solo cuatro contemplan elecciones primarias simultáneas: Argentina, Uruguay, Chile y Honduras. En cada uno, la instancia que las regula es la autoridad electoral. Pero en El Salvador ni el Tribunal Supremo Electoral ni los partidos saben qué pueden y deben hacer con una dinámica que no querían. Ciertamente, los precandidatos tienen el derecho a plantear ideas, debatir y dar a conocer sus propuestas. Pero no se puede negar que Arena ha lanzado su elección interna como si fuera nacional, pues sus protagonistas no se presentan y actúan como futuros candidatos del partido, sino como futuros presidentes del país. Es decir, El Salvador entero está siendo partícipe, a la fuerza, de lo que en realidad solo incumbe a los 122,363 militantes de Arena.

Siendo objetivos, el Tribunal Supremo Electoral se tardó demasiado en pronunciarse sobre este proceso partidario que se ha posicionado como nacional gracias a la complicidad de los grandes medios de comunicación. Es claro que Arena busca sacar réditos electorales. Su reacción ante la orden del Tribunal no es más que una defensa de sus intereses y de su afán de retornar a Casa Presidencial. La libertad de expresión debe ser garantiza y protegida, por supuesto, pero también debe hacerse valer el derecho de la mayoría de la población a que no se le imponga un proceso que le es ajeno. Sin duda, la democracia se fortalece si los partidos políticos realizan elecciones primarias competitivas y transparentes. Pero aún deben aprender mucho al respecto. Arena, simplemente, está sacando raja de la inexperiencia y la novedad. Este capítulo de la dinámica partidaria vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con un Tribunal Supremo Electoral con más capacidades y con genuina independencia partidaria.