Frente a las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hace un enérgico y urgente llamado a la sensatez y la cordura, a que se respete la institucionalidad democrática y no se provoque una crisis mayor, por el bien de toda la sociedad salvadoreña.
La tensión entre ambos órganos del Estado puede y debe resolverse a través del diálogo y en el marco del respeto a la Constitución. Las autoridades públicas tienen el mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero desde la plena colaboración entre sí (art. 86 Cn), promoviendo el diálogo y respetando el disenso, con base a los principios de pluralismo y democracia (art. 85 Cn).
Las experiencias latinoamericanas recientes y la historia de nuestro país muestran que actuar con intolerancia, promover el odio e irrespetar las instituciones solo conduce a la polarización y al enfrentamiento entre hermanos. Por ello, ante los alarmantes signos que presagian un choque irracional sin precedentes en la posguerra, hacemos la siguiente reflexión.
Nayib Bukele debe recordar que la Constitución establece que el presidente de la República está llamado a procurar la armonía social, y conservar la paz y la tranquilidad nacional (art. 168 ord. V Cn). El Ejecutivo tiene la facultad de reclamar apoyo a la Asamblea Legislativa, pero siguiendo el debido proceso. Apelar a la insurrección popular, aunque se contemple en el art. 87 de la Constitución, es peligroso, pues puede generar una dinámica dañina para el país y su gente.
Los y las diputadas deben analizar con racionalidad y objetividad toda propuesta que llegue a sus manos, rigiéndose por el respeto a la ley y el bien común. Dada la falta de credibilidad de nuestras instituciones, es indispensable actuar desde la serenidad y la legalidad, confiando en el Estado de derecho y sin caer en provocaciones que pudieran romper el principio del equilibrio de poderes, pilar de la República. Sin ceder a chantajes, la Asamblea debe analizar con celeridad y claridad, y recurriendo al diálogo, las propuestas de ley que reciba.
Es fundamental que todas las fuerzas sociales mantengan la calma y se rijan por la razón, analizando críticamente la situación y actuando en función del bien mayor del país, sin caer en provocaciones ni violencias, provengan de donde provengan. Debe evitarse el enfrentamiento estéril. Todo salvadoreño tiene el legítimo derecho a manifestar su apoyo a una opción política, pero pacíficamente y en el marco del respeto a la Constitución.
Los miembros de la Policía Nacional Civil no deben perder de vista que su misión es mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, con estricto apego a los derechos humanos. Por su parte, la Fuerza Armada debe cumplir su misión constitucional de servicio a la nación de manera obediente, profesional, apolítica y no deliberante.
En este momento de crisis, es esencial tener presente que la mayoría del pueblo salvadoreña clama por la paz y la democracia. Nuestra historia nos enseña con claridad que el enfrentamiento y la violencia no son solución a nada. Atendamos el ejemplo de san Óscar Romero de América, cuya Iglesia “no está de acuerdo con la violencia de ninguna forma” y “llama a entenderse, a dialogar, a la justicia y al amor” (homilía 19-03-1978).
Antiguo Cuscatlán, 8 de febrero de 2020