La evasión fiscal y su control

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Ocho días atrás, el presidente del PDC y diputado de la Asamblea, Rodolfo Parker, tuvo la brillante idea de proponerles a sus colegas la eliminación de la obligación de presentar anualmente la declaración patrimonial a aquellas personas con ingresos anuales por encima de los 75 mil dólares. La propuesta fue aprobada de inmediato y con trámite de urgencia por los diputados de todos los partidos políticos, a excepción del FMLN. Con ello, los legisladores mostraron una vez más su enorme habilidad para aprobar una ley cuando esta les beneficia o responde a sus particulares lógicas. Un comportamiento muy distinto del que tienen los señores diputados cuando se trata de proyectos de ley que benefician a la mayoría de la población o que tocan intereses poderosos.

Los motivos aducidos por los diputados para suprimir la obligación de la declaración patrimonial están relacionados con la necesidad de resguardar de la delincuencia a los contribuyentes con altos ingresos, como si estos no se delataran con sus vehículos y casas de lujo, o no supieran protegerse con sus guardaespaldas y residenciales bien vigilados. Una justificación absurda que deja en evidencia el afán de dificultar el control por parte del Ministerio de Hacienda, facilitando así la evasión fiscal.

Que la evasión fiscal es una realidad en nuestro país no es secreto para nadie. Varios estudios realizados por organizaciones conocedoras del tema apuntan a que la evasión fiscal alcanza cifras de entre 500 y 700 millones de dólares al año. En reacción a la decisión de los diputados, el Ministro de Hacienda afirmó que en las administraciones pasadas se permitía conscientemente la evasión y que un grupo de personas y organizaciones eran eximidas de pagar sus respectivos impuestos. Lastimosamente, el funcionario no ha acudido a la Fiscalía para denunciar estos casos, que de ser ciertos supondrían actos de corrupción que deben ser penalizados.

Casi el 50% del total de la evasión fiscal se debe a la elusión del pago del impuesto sobre la renta. Y, precisamente, la ahora derogada declaración patrimonial obligatoria para las personas con altos ingresos era un medio diseñado para dificultar la evasión de dicho impuesto, pues proporcionaba datos al Ministerio de Hacienda que permitirían descubrir las contradicciones e incoherencias entre dicha declaración y la declaración de renta.

La evasión fiscal es un delito que tiene consecuencias muy graves para el país, pues le impide al Estado disponer de los recursos necesarios para el buen gobierno y para un mayor desarrollo de las políticas sociales dirigidas a las familias con menos recursos. La evasión está enraizada en una muy extendida cultura antitributaria, que se manifiesta en una multitud de pequeños y perniciosos actos. Desde aquellos que no piden factura para que no les cobren el IVA, pasando por los que esconden ingresos para no tener que pagar el impuesto sobre la renta, hasta llegar a aquellas personas que retienen IVA o renta y se quedan con esos dineros en lugar de entregarlos al fisco. Aun más graves son los casos de empresas fantasmas y la multitud de triquiñuelas que se utilizan para modificar los estados financieros de negocios exitosos para que aparezcan con ganancias exiguas o incluso pérdidas.

Pero la evasión fiscal también se debe al poco interés de buena parte de los políticos y de los funcionarios gubernamentales en poner en marcha estrategias efectivas de fiscalización y control. La reciente acción de los diputados es una muestra de ello. También lo fue la negativa de la Asamblea a reformar hace un año el código penal para castigar a los evasores y a aquellos que colaboran con la evasión fiscal falsificando documentos contables.

Como se señaló antes, el monto de lo que se evade no es pequeño: representa entre el 11% y el 15% del total del Presupuesto nacional. Esta cantidad permitiría el funcionamiento de otro ministerio de educación o de salud, o el pago de la mitad del servicio de la deuda pública. Deuda que en parte ha tenido que ser adquirida por la merma de ingresos estatales que supone la evasión fiscal. En este sentido, hacer todo lo posible por controlar la evasión fiscal debe ser entendido como una prioridad nacional, una necesidad impostergable que traería beneficios en el muy corto plazo.

Esperamos que el presidente Funes vete esta desafortunada decisión legislativa, pero también que su Gobierno ponga manos en el asunto y comience a crear mecanismos administrativos para controlar y castigar la evasión fiscal. De nada servirá crear nuevos impuestos o aumentar los existentes si no se lucha frontalmente contra la evasión de los mismos.

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