"Las víctimas no vamos a quitar el dedo del renglón, no nos vamos a cansar"

La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, a fin de analizar la formulación de una nueva Ley de Reconciliación Nacional, conformó una comisión ad hoc, compuesta por los diputados Rodolfo Parker, Mauricio Vargas, Nidia Díaz, Antonio Almendáriz y Juan Carlos Mendoza, varios de ellos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad por violaciones a derechos humanos.

La creación de dicha instancia ya había sido anunciada por Norman Quijano, presidente de la Asamblea, poniendo en alerta a los comités de víctimas del conflicto armado y a las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, entre ellas el Idhuca. Para exponer sus preocupaciones y advertir sobre los peligros que implica formular un nuevo marco legal en este tema, desarrollaron una conferencia de prensa el 13 de junio frente a la capilla de la UCA.

En la actividad, como introducción, Manuel Escalante, abogado del Idhuca, explicó que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de hace dos años declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993, por lo que sigue vigente la Ley de Reconciliación Nacional (1992).

Por ello, aseguró, no queda claro si la comisión ad hoc buscará derogar la Ley de Reconciliación Nacional y sustituirla por otra, o crear una nueva la ley de amnistía absoluta. En cualquiera de estos casos, explicó el abogado, no se estaría cumpliendo con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que le ordena a la Asamblea elaborar una regulación complementaria a la Ley de Reconciliación Nacional, no que se creen otras leyes.

Ante la falta de información clara sobre los objetivos de la normativa que se formulará, las organizaciones demandan que cualquier iniciativa legislativa complementaria se enmarque en un análisis técnico-jurídico sobre las obligaciones que emanan de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía; que se garantice la participación de las víctimas y de la sociedad civil en el debate legislativo, a fin de crear marcos legales justos y congruentes con las demandas de aquellas; y que la Sala de lo Constitucional se mantenga vigilante para que la sentencia sea fielmente cumplida en los términos estrictos en que fue dictada.

“Deben legislar una ley que contemple estándares de justicia transicional; y esto no significa una justicia a la medida de los victimarios ni una justicia al margen de la legislación actual”, aseguró Eduardo García, de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos.

En representación de las víctimas, Sofía Hernández, de la directiva del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam), destacó algunos de los esfuerzos que han realizado y que no han tenido eco en la Asamblea, como la presentación de una pieza de correspondencia para que se decretara el 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido Desparecido. “No nos hicieron caso y ahí está engavetada”, aseguró.

Asimismo, recordó que la comisión creada por el Presidente de la República para la búsqueda de personas desaparecidas sigue sin contar con presupuesto y que la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado que presentaron no ha sido discutida ni tomada en cuenta.

“Nos han vuelto a engañar. Han vuelto a jugar con la dignidad de las víctimas. Vemos que no quieren cumplir lo que la Comisión de la Verdad dijo en su informe: que las víctimas tenemos que tener justicia, reparación y verdad. Las víctimas no vamos a quitar el dedo del renglón, no nos vamos a cansar. Vamos a seguir luchando porque esto se cumpla. Vamos a seguir poniéndonos de pie”, aseguró Hernández.