Katya, justicia ya

Por más de diez años, la violación y el asesinato de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez han permanecido impunes. Legalmente, ya venció el plazo que la Fiscalía General de la República tenía para encontrar y sancionar a los responsables. Durante todo ese tiempo, el IDHUCA —desde su acompañamiento comprometido a las víctimas, Hilda María Jiménez y Gina Marcela Miranda— ha denunciado las constantes fallas estatales y sus consecuencias más negativas: la falta de justicia para ambas y la frustración de una sociedad solidaria con su causa. Dentro y fuera del país, el caso es símbolo de una lucha mediante la cual se intenta contribuir a erradicar la violencia contra la niñez y las mujeres. Por lo dicho, el IDHUCA manifiesta:

1. Que continuará apoyando incondicionalmente a Hilda María y Gina Marcela —madre y hermana de Katya Natalia, respectivamente— en su justa demanda. Por encima del apoyo técnico legal, el compromiso con su causa se ha concretado en arduo y prolongado trabajo de mucha gente dentro del IDHUCA. Más allá del abogado o la abogada que se designe al caso, ese vínculo se enmarca en la opción esencial decidida desde hace casi veinticinco años: ser herramienta al servicio de las víctimas, con quienes se alcanzará derribar algún día el muro de la injusticia prevaleciente en el país.

2. Que siempre demandó a la Fiscalía no permitir el triunfo de la impunidad; por eso cuestionó a Belisario Artiga y a Félix Garrid Safie. Ante la investigación que se inició y el requerimiento que se presentó el año pasado por el delito de secuestro, el IDHUCA le expresó sus reservas a los agentes fiscales encargados del caso por la poca solidez de los argumentos e indagaciones. Se les pidió superar esos vacíos; pero, en la medida que avanzó el tiempo, no lograron hacerlo.

3. Que si se desmarcó de la diligencia relativa a las declaraciones de la madre y la hermana de Katya Natalia, rendidas como anticipo de prueba en noviembre del año pasado, fue por considerarla innecesaria y contraproducente. Innecesaria porque los mismos fiscales solicitaron, el lunes 24 de agosto de 2009 a la señora jueza del caso, que dicha diligencia no se realizara. Contraproducente porque ese trámite podría afectar negativamente el esfuerzo impulsado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendiente a lograr que el Estado salvadoreño cumpla su obligación de impartir justicia. De ahí la posición del IDHUCA. Aunque se trata de hechos diferentes al hipotético secuestro, la impunidad en la violación y el asesinato de Katya Natalia —derivada aquélla de la pasividad e ineptitud de las instituciones internas— podía ventilarse en el sistema interamericano hasta alcanzar un resultado favorable para las víctimas. Ahora, será más difícil.

Hace un cuarto de siglo, el jesuita Segundo Montes fundó el IDHUCA; hace poco más de dos décadas, con su martirio confirmó el compromiso institucional originario: interpretar la realidad salvadoreña e influir en la misma para construir una sociedad basada en el respeto pleno de la dignidad humana. Por eso el Instituto acompañó y seguirá acompañando a Hilda María y a Gina Marcela con objetividad, eficacia e intransigencia frente a quienes se empeñan en negarles justicia por acción u omisión.

Desde el IDHUCA, esa es la mejor expresión de una solidaridad consecuente. Más allá de la impunidad judicial, la verdad tiene que florecer para que los criminales y quienes los favorecieron con su negligencia y sus desaciertos —intencionales o no— sean señalados por la sociedad. Por eso, continuará impulsando la campaña nacional e internacional: Katya, ¡justicia ya!