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El 14 de febrero, en el Auditorio Elba y Celina Ramos, la Universidad, a través del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), suscribió un convenio de cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR). En el evento se contó con la participación de Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, procuradora general; Agni Castro Pita, jefe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en El Salvador; y Andreu Oliva, rector de la UCA.
En el documento se establece el compromiso de desarrollar actividades conjuntas orientadas a la defensa de la familia y los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violaciones a derechos humanos o violencia, por medio de un acompañamiento activo que garantice el funcionamiento de los procedimientos institucionales y estatales en este tema.
Durante la formalización del acuerdo, Andreu Oliva expresó su satisfacción por colaborar institucionalmente en esta tarea. “Para la UCA, esta alianza es un primer paso para generar un medio de protección efectivo para las mujeres, los niños y los jóvenes que atraviesan una situación de inseguridad […]. Vivimos una época de violencia, una violencia que se ensaña fundamentalmente con los pobres. Son ellos los que viven más inseguros en sus casas, calles y comunidades; son ellos quienes no solo son víctimas de la delincuencia, sino que cada vez es más frecuente que deban huir de sus casas para salvar sus vidas”.
El Rector también subrayó la importancia que tiene para la Universidad fortalecer los vínculos con entidades del Estado: “La firma de este convenio nos permitirá articular esfuerzos para mejorar los programas y procedimientos entre nuestras instituciones, a fin de garantizar una atención inmediata e integral a las víctimas”.
Por su parte, Sonia Cortez dijo que a través del acuerdo “la Procuraduría se une a la UCA en la defensa de los derechos humanos”. La funcionaria destacó que estrechar los lazos entre ambas entidades permitirá la ejecución de proyectos conjuntos destinados a proteger la vida, integridad y seguridad de personas y familias víctimas.
