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Desde 1995, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Gobierno Municipal de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, organizan el Premio Internacional de Buenas Prácticas, que anualmente reconoce internacionalmente a proyectos comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo sostenible de asentamientos humanos.
En 2014, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Secretaría Técnica de la Presidencia, instituciones no gubernamentales vinculadas al tema de la vivienda y la UCA, a través del Departamento de Organización del Espacio, participaron en el concurso con la Política Nacional de Vivienda y Hábitat de El Salvador. Este año, los organizadores del Premio notificaron que la Política fue certificada como una de las mejores prácticas en el sector, lo que significa que puede servir de referencia para otros países en el desarrollo de mejores condiciones de vivienda y asentamiento.
Carlos Ferrufino, jefe del Departamento, explica que la formulación de la Política inició en 2013, a iniciativa del Viceministerio, que requería de un marco regulatorio que permitiera soluciones integrales en el tema de vivienda y desarrollo urbano. Para elaborar el documento, se conformó un grupo gestor en el que participaron diversas instituciones vinculadas al área de la construcción y la vivienda; al grupo se sumó la UCA como única instancia de educación superior.
La Política aborda cinco ejes: el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país; el acceso a suelo urbanizado y a servicios básicos; mayor organización de las instituciones gubernamentales designadas al sector vivienda; financiamiento para la construcción de casas, créditos de vivienda y mejoramiento de suelos; y la vivienda como derecho y motor de desarrollo económico familiar. De acuerdo a Ferrufino, la propuesta pretende reformar la institucionalidad, coordinación y financiamiento del sector de vivienda en El Salvador, de manera que las municipalidades y organizaciones ciudadanas participen a través de procesos consultivos; mejorar los mecanismos del Estado para financiar proyectos de vivienda sin recurrir a ayuda externa; y beneficiar a sectores de la población que carecen de vivienda o de un hábitat digno.
El año pasado, la UCA también colaboró, a través de los departamentos de Organización del Espacio y Ciencias Jurídicas, en la elaboración de la Ley Nacional de Vivienda, que va en sintonía con los ejes planteados en la Política. Actualmente se está a la espera de la aprobación de ambas iniciativas, para que puedan entrar en vigencia y ser ejecutadas. La Ley debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa; y la Política tiene que ser ratificada por el Consejo de Ministros.
Que la UCA pueda participar y colaborar en estos espacios con aportes concretos es, dice Ferrufino, una forma de contribuir al cumplimiento de la misión universitaria de incidir en la realidad, sobre todo en un tema tan complejo y prioritario como lo es el derecho a la vivienda digna.
