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Gracias a los Acuerdos de Paz, firmados en 1992, se llevó a cabo una de las reformas más importantes al sistema judicial: se le independizó de los órganos del Estado y de los partidos políticos. A partir de entonces, el protagonismo que han adquirido los jueces ha generado debates entre los juristas del país.
"Estado de derecho y reforma judicial" fue el tema de la segunda Cátedra Estado de Derecho, realizada el 15 de mayo en el auditorio del Edificio de Aulas "D", y tuvo como objetivo analizar las ventajas y desventajas de la reforma judicial, y, sobre todo, identificar los principales retos que enfrenta el sistema de justicia.
René Hernández Valiente, abogado y jurista, explicó que la reforma judicial es un proceso complejo y que uno de sus principales retos es incluir la oralidad en los procesos judiciales. Ésta, de acuerdo al profesional, es necesaria porque "nadie censura la oralidad"; además, "la justicia oral sería una estrategia remedial" para un sistema de justicia caracterizado por dar resoluciones lentas y tardías.
En esta misma línea, Ulises Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, destacó que "(la oralidad) vendría a resolver el problema de la sobrecarga laboral y el formalismo". Y es que la lentitud en las resoluciones y dictámenes de sentencia es tanta que muchos especialistas aseguran que los jueces necesitarían cerca de 60 años para resolver los casos que ya están en los tribunales.
Otorgar a los jueces más iniciativa posibilitaría la eficiencia del sistema judicial. Por esto, para Hernández, es necesario crear un "perfil de juez moderno", cuya función principal sea "juzgar y no administrar". El abogado recordó que "los ciudadanos definimos la función del juez".
Juan Antonio Durán, juez de los Tribunales de Sentencia, destacó que con las reformas judiciales se originan "contrarreformas", y que si bien es cierto "se han dado pasos adelante, también se han dado pasos atrás" en el tema judicial. Asimismo, describió la situación limitada y difícil a la que muchos jueces se enfrentan en los distintos tribunales; una situación que volvería arriesgado dar demasiada responsabilidad a los juristas en la búsqueda de la justicia.
La Cátedra Estado de Derecho forma parte de los esfuerzos que el Instituto de Investigación Jurídica de la UCA está llevando a cabo para impulsar el estudio sistematizado, la reflexión y la divulgación de contenidos relacionados con las ciencias del Derecho. El Instituto pertenece al Departamento de Ciencias Jurídicas e inició formalmente su trabajo el 21 de noviembre del año pasado.
