¿Asumiremos nuestra responsabilidad en las elecciones?

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Carlos Monterroza
08/08/2017

Implementar las próximas elecciones no sólo requiere capacidades logísticas, recursos tecnológicos adecuados e insumos básicos en los centros de votación para que el procesamiento y transmisión de datos sea efectivo; aun así hay un asunto de mayor preponderancia que los mencionados para realizar la jornada electoral: el trabajo de los miembros de los Organismos Electorales Temporales (OET).

Según la sentencia 139-2013 de la Sala de lo Constitucional los miembros de los OET no pueden tener vinculación política-partidaria, esto con el objetivo que ciudadanos no militantes puedan conformar las Juntas Receptoras de Votos. Si bien los partidos propondrán personas, ahora la responsabilidad de configurar tales organismos recae en el Tribunal Supremo Electoral que según sus estimaciones deben contar con 100 mil personas capacitadas para gestionar la jornada del 4 de marzo de 2018 en los centros de votación en todo el país. La formación de esas personas será a través de una modalidad que combinará aula virtual con sesiones presenciales, tarea que realizará el TSE con apoyo del PNUD e iniciará desde septiembre con JED y JEM, pero hasta enero de 2018 comenzarán capacitaciones a miembros de las JRV.

Ya sabemos la importancia que tendrán los resultados de la elección del 4M en la distribución del poder en la Asamblea Legislativa y por ser la antesala a la tensa elección presidencial en 2019; pero a pesar de ello hay una oportunidad para la activación ciudadana: ser miembro de una JRV permitirá conocer y enfrentar los retos inmersos en la implementación directa de comicios y a la vez asumir una responsabilidad ante el Estado que habíamos dejado -para nuestra comodidad- a los partidos políticos.

Sobre el primer punto, quienes conformen las JRV tendrán de manera transitoria un rol clave como operadores del Estado para desarrollar elecciones como un producto de política pública institucional. Es evidente que lograr dicha tarea implica no sólo conocimiento de sus atribuciones según lo define tanto el Código Electoral como aquellos manuales e instructivos que se dispongan; pero de igual relevancia es que estas personas tengan claridad de los escenarios o situaciones que podrían enfrentar en diversos momentos de la jornada, especialmente en el registro en mesa de la votación para diputaciones y el respectivo llenado de actas. También es importante fortalecer la racionalidad de trabajar en equipo con los colegas de la junta ante circunstancias donde no necesariamente tendrán la respuesta escrita y afronten presiones o dinámicas que les implique gestionar conflictos entre ellos o con los vigilantes de los partidos que estarán pendientes de su desenvolvimiento, además de la pretensión de influir en sus decisiones.

La participación como miembro de los OET permitiría construir una faceta necesaria de coherencia ciudadana respecto a los procesos y dinámicas institucionales generadas en el Estado y que afectan a la sociedad. Desde la década de los noventa nos ha resultado fácil y cómodo que los partidos asumieran la tarea de gestionar los comicios bajo el precepto que se vigilan así mismos por ende resultaría complicado realizar un fraude de grandes proporciones. Para el 4M la meta consiste en tener resultados precisos ante un escrutinio complejo para evitar los fallos de 2015 donde la incertidumbre del TSE obligó a resolver y distribuir en la mesa de negociación de los partidos cuando debió ser claro y contundente desde la JRV. Por ello la necesidad de contar con ciudadanos comprometidos con la transparencia electoral desde las juntas electorales. No será una tarea sencilla pero ganaremos en involucramiento ciudadano en los procesos institucionales; en contraloría a la instancia administradora de elecciones; y en compromiso social por asumir directamente una responsabilidad en lugar de quejarnos desde nuestras redes sociales.

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