Desde el año pasado El Salvador se encuentra inmerso en un fuerte debate político y mediático sobre la reforma de pensiones. En general es reconocido que la reforma de pensiones que se realizó en 1996, y que entró en vigencia en 1998, junto con algunas modificaciones de la misma (decreto 100, por ejemplo) ha generado presiones insostenibles en la hacienda pública.
A partir de lo anterior ha surgido diferentes propuestas entre las que destacan, a nivel mediático, la del Gobierno y la de Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), esta última es la propuesta que refleja los intereses de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y de las grandes empresas financieras en general.
El “debate” ha sido tan pobre que ambas propuestas se han limitado a ofrecer incrementar los beneficios sin aclarar cómo se financiará, este fue precisamente el problema que ha generado la insostenibilidad actual. Además, se ha presentado una campaña en la que se busca desprestigiar la propuesta de los adversarios.
En esta coyuntura, el experto Carmelo Mesa-Lago realizó una presentación a inicios de septiembre sobre el comportamiento del sistema de capitalización individual en El Salvador. En su presentación dejó claro dos cosas: 1. el sistema de capitalización individual fue un fracaso (únicamente una de cada cuatro personas de la población económicamente activa cotiza, los adultos mayores pensionados no alcanza el 20%, existe un altísimo nivel de concentración de mercado que permite mantener la comisión de las AFP en el máximo posible, las utilidades de las AFP son altísimas en relación al patrimonio) y actualmente se tiene uno de los peores sistemas de pensiones en comparación con otros ocho países de Latinoamérica seleccionados por Mesa-Lago (ver cuadro) 2. en gran medida el fracaso de este sistema se dio por la ausencia de estudios actuariales serios que validaran la sostenibilidad del sistema implementado.
Respecto a las propuestas actuales de reforma, Mesa-Lago aclaró que es imposible dar una opinión objetiva de las distintas propuestas porque ninguna tiene un estudio actuarial respaldado por instituciones prestigiosas. Además, Mesa-Lago dejó claro que las propuestas no tienen ningún componente serio para mejorar considerablemente la cobertura. Esto se traduce en repetir los mismos errores que se dieron en la reforma de 1998. Esto no es casualidad, las dos principales instituciones que están discutiendo este tema no tienen ningún interés en mejorar el sistema de pensiones entendiendo esto como un derecho fundamental de las personas.
La semana pasada, el secretario de comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, dijo que esperaba que la reforma se aprobaría durante esta semana; de ser así, el nuevo sistema de pensiones, lejos de ser altamente discutido, con estudios actuariales y propuestas que consideren las particularidades propias del mercado de trabajo salvadoreño; será un sistema que repita los mismos problemas que se tienen en la actualidad, pero manteniendo el interés económico de las AFP y otorgándole un poco de liquidez al Estado.