¿Desobedientes? Todos

Incumplir sus obligaciones internacionales no es nuevo para el Estado salvadoreño. Ha sido su costumbre y lo ha hecho de manera descarada, irresponsable e incluso altanera. Al menos, lo han hecho todos los Gobiernos desde la guerra con Honduras en 1969 hasta la fecha. Esto acompañado de la perenne hipocresía oficial con la que —argumentando necedades que se caen por sí solas— se ha pretendido maquillar los desacatos. No hay uno solo que se salve. Esta consideración surge en el marco de la exaltada discusión pública por la decisión adoptada en el litigio comercial internacional entre Enel y el Gobierno, que terminó en una derrota estatal.

Desde las graderías se escuchan aplausos y censuras para una u otra de las partes en el pleito, pero en el fondo el asunto se reduce a la eterna lucha entre los enemigos políticos de siempre. Esos que hace veintiún años abandonaron las armas con las que se enfrentaron en el campo de batalla; esos mismos que ahora se atacan a través de los medios de difusión masiva, sin comunicar nada más que sus miserias y su corta visión de país junto al minúsculo compromiso que tienen con su gente, independientemente de sus patrioteros alegatos; esos que hace unos meses, frente a un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, tenían opiniones y posiciones distintas a las de ahora.

El escándalo mayúsculo de hoy es por la entrega del patrimonio nacional, afirman unos; otros señalan que está en riesgo la inversión por la inseguridad jurídica, que aumentará si no se honra el resultado del arbitraje. En este lío, dentro del cual las cosas están aparentemente claras para uno y otro bando, hay mucha tela que cortar, pues se trata de algo vital: el uso y abuso de los recursos del país. El patrimonio nacional y la inseguridad jurídica deben verse y valorarse, en principio y por encima de todo, desde la perspectiva del mal común que prevalece en el país, no obstante el fin de la guerra y la alternancia en el Ejecutivo. Eso obliga a colocar a la persona humana como el origen y el fin de la actividad estatal. Y ese mal común está basado en la impunidad, generadora de los problemas más graves en el país. Hablemos, entonces, de incumplimientos de obligaciones internacionales por parte del Estado en esta materia.

Solo para considerar el antecedente, vale la pena recordar la llamada "guerra del fútbol", iniciada el 14 de julio de 1969 y finalizada cuatro días después, tras la intervención de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, las denuncias mutuas por atropellos a la población de ambos países continuaron y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a ambos Gobiernos "reparar" a las víctimas e impulsar una "adecuada prevención contra violaciones futuras de los derechos humanos"; asimismo, recomendó investigar los casos denunciados y determinar responsabilidades. Ambos regímenes desobedecieron.

En su informe de país de 1978, entre otras recomendaciones, la Comisión le planteó al Gobierno salvadoreño investigar las quejas por numerosas ejecuciones, detenciones, torturas y desapariciones; también procesar y sancionar a sus responsables. ¿Qué pasó? Nada. Por esa y otras razones se incrementaron las graves violaciones de derechos humanos y se nos vino encima la guerra de más de diez años. Tras la tempestad, se quiso hacer llegar la calma amnistiando a todos los responsables de los crímenes más atroces; crímenes que no admiten tal beneficio, el cual solo trajo la calma a esos responsables. Luego, desde su informe de país en 1994 hasta el día de hoy, la Comisión Interamericana ha pedido una y otra vez, de mil maneras, que se derogue la ley de amnistía. La desobediencia estatal ha sido permanente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha condenado en cuatro ocasiones a El Salvador por sendos casos: hermanas Serrano, Ramón Mauricio García Prieto Giralt, hermanos Contreras y El Mozote. La sentencia de El Mozote se publicó en diciembre pasado, por tanto habrá que esperar si se cumple o no. Pero en cuanto a las otras tres (emitidas en 2004, 2007 y 2011, respectivamente), ninguno de los jefes de Estado respectivos ha acatado la esencia de las mismas; ellos y sus representantes han intentado salvarse ofreciendo las más ridículas e inaceptables explicaciones. Pero el resultado es el mismo: el desprecio a esos fallos que son de cumplimento obligatorio, sin considerar el daño que causan a las víctimas.

Y se podría abundar más en este tema. Pero lo anterior es suficiente para demostrar que el principal patrimonio nacional irrespetado en El Salvador son las mayorías populares con sus víctimas sobrevivientes de antes, durante y después de la guerra; víctimas que reclaman verdad, justicia y reparación integral. Además, sobra y basta para comprobar que la impunidad histórica que se consolidó y se volvió reina hace dos décadas es lo que más atenta contra la seguridad jurídica.

Ahora se rasgan las vestiduras con el caso de un arbitraje comercial, pero no hacen nada por obedecer otros fallos que tienen que ver con la persona humana y sus derechos violados y negados. El Salvador de abajo y adentro no va cambiar de fondo, mientras arriba y afuera sigan existiendo castas privilegiadas que se consideran y son intocables. El mal común del hambre y la sangre continuará si sigue la impunidad protectora de quienes violaron derechos humanos, le entraron a la corrupción e ingresaron —ellos mismos, sus herederos o sus estructuras vigentes— a los tráficos ilegales.

Vendrán nuevas fortunas a disputarles a las viejas el botín en que han convertido a la patria; pero no vendrá para las mayorías populares la fortuna de vivir en un país libre del mal común. Y de seguir así, invariablemente seguirán ganando los grupos privilegiados —del color que sean— y perdiendo las mayorías populares. A menos que la gente recuerde que hace años fue su lucha organizada la que hizo que El Salvador avanzara, porque creyó en sí misma y se decidió a dar la verdadera batalla por cambiar el estado de cosas prevaleciente.