¿Para quién gobiernan?

La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó reforma a la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Fideicomiso de Obligaciones de Pensiones (FOP). La primera es un voto a favor de la impunidad pues la acción de extinción prescribirá en 10 años, antes no prescribía. Además, el proceso legal tiene que haber terminado para que la extinción pueda aplicar, es decir, dado que los procesos son largos y ahora la extinción prescribe, es posible que una persona que se encuentre culpable de enriquecimiento ilícito no pierda estos bienes.

Con respecto a la segunda reforma, se incrementa el techo de emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) pasando del 45% de los ahorros de los cotizantes al 50%. Los CIP son deuda que las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) están obligadas a comprar al Estado. Estos son utilizados para el costo de transición del sistema de pensiones de 1998 y las reformas que se hicieron para equiparar los beneficios del sistema anterior con el actual.

A pesar que el partido Arena se desligó de la votación, es un secreto a voces que este partido negoció la reforma a Ley de Extinción de Dominio a cambio de aprobar la reforma al FOP, aprovechando la desesperación del partido en el ejecutivo por no volver a caer en impago.

La pregunta que surge es ¿para quién gobiernan? Se supone que los diputados y las diputadas representan los intereses de la población en la Asamblea Legislativa, una institución que tiene en sus manos algo tan importante como legislar. ¿A cuántos de los ciudadanos beneficia la Ley de Extinción de Dominio? ¿A cuántos les interesa? ¿Qué bienes obtenidos por enriquecimiento ilícito están tratando de proteger?

Por si fuera poco se negocia con las pensiones, el FOP es un parche que lanza los problemas del sistema de pensiones al futuro, esto se ha hecho básicamente desde que inició el sistema de capitalización individual (antes con otro tipo de deuda, a partir del 2006 con el FOP). El sistema previsional no ha respondido nunca al interés de las grandes mayorías, únicamente cotiza uno de cada cuatro personas de la Población Económicamente Activa, y algunos de los que cotizan no podrán acceder a su pensión porque no cumplirán con el tiempo requerido y, por tanto, su retiro consistirá en devolución de saldo que les quita el derecho al Seguro Social y a la pensión vitalicia. Resulta increíble de que un sistema que beneficia a un porcentaje tan bajo de la población genere tantos problemas a la Hacienda pública que compromete las obligaciones del Estado y que ha dado lugar a este tipo de negociaciones a favor de perpetuar la corrupción. ¿De qué sirve este respiro si no se está discutiendo abiertamente la reforma de pensiones? ¿De qué sirve si el único pilar que se está abordando del sistema actual es el financiamiento del mismo? Poco interesa la cobertura y un retiro digno. Todas las variables deben de ajustarse a asegurar la rentabilidad de las AFP y a la sostenibilidad financiera del sistema. Evidentemente la última es un aspecto importante, pero la rentabilidad de las AFP debería de estar sujetas al tipo de pensión que queremos y no al revés.

La Asamblea Legislativa no gobierna para la gran mayoría, sus miembros gobiernan para sí mismos y para el grupo de poder que representan y que los financian. No podemos permitir que un órgano tan importante esté secuestrado por un grupo de gente inepta y desinteresada por la población. Algo similar ya había dicho Monseñor Romero respecto a los militares en la homilía del 18 de febrero de 1979: “Que no queden tantos crímenes y atropellos impunes y que, aunque sean vestidos de militar –de diputado diríamos en la actualidad-, tienen obligación de rendir cuentas ante la justicia de lo que han hecho y sancionar debidamente si se trata de crímenes vulgares” (la cursiva es nuestra). No hay análisis político que valga para lo que se hizo, porque lo que se hizo es una vulgaridad. Como población debemos de organizarnos para exigir que los diputados y diputadas representen los intereses de las personas que les han dado la potestad de legislar.