¿Qué buscaban en Pro-Búsqueda?

El 8 de diciembre, Jon de Cortina hubiese cumplido setenta y nueve años de vida. Pero, en lugar de eso, cumplió ocho años de muerto. Muerto solo físicamente, porque sigue presente en la sociedad salvadoreña, bien dentro de ella, donde el sufrimiento por el hambre, la sangre y la impunidad ha sido y sigue siendo parte del mal común que afecta a las mayorías populares. Jon sigue vivo entre la gente más digna, sencilla y sacrificada del país; porque nadie muere cuando alguien lo sigue queriendo, pese a haber partido sin retorno. A este jesuita entrañable, son muchos corazones los que lo sienten y bastantes las mentes que lo recuerdan con cariño y gratitud. Pero no faltan quienes, por su obra de mayor trascendencia, le guardan —por decirlo suavemente— rencor y no le perdonan haberlos señalado como lo que son: violadores infames de los derechos humanos.

La Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos de manera forzada antes y durante la guerra, no cabe duda, le ha hecho un enorme bien al país. Es la muestra evidente de cómo abordar hechos terribles para curar heridas sociales, dolorosas y profundamente estremecedoras. Ante esa aberrante práctica, que suma, a toda la crueldad posible del hecho en sí, la decisión estatal de no hacer nada para revertirla, Jon y un grupo de familiares de las víctimas directas optaron por algo que parecía imposible: buscar a los desaparecidos para propiciar el reencuentro con su parentela biológica.

Oficialmente, iniciaron su labor el 20 de agosto de 1994, y lo hicieron más con voluntad, valentía y esperanza que con recursos financieros y tecnológicos. En esas condiciones y durante sus casi veinte años de existencia, las denuncias recibidas por Pro-Búsqueda —como mejor se le conoce— sobrepasan las novecientas; de esas, casi cuatrocientas víctimas han sido ubicadas y arriba de quinientas falta localizar. Conociendo lo anterior, viene lo obvio: si hay víctimas, hay victimarios. Las primeras y sus familias, lógicamente, se sienten agradecidas con Pro-Búsqueda, más allá de que se haya llegado a un final feliz en los casos. Los segundos, desde sus culpas y temores, odios y rencores, lógicamente también la ven en el mejor de los escenarios como una potencial amenaza; y en el peor, como una enemiga a neutralizar e incluso destruir.

Esta última es una de las posibles razones, quizás una de las más fuertes a ser investigadas, por las cuales Pro-Búsqueda sufrió un atentado criminal hace más de un mes (el jueves 14 de noviembre) y ahora se lamenta la destrucción de equipo, la sustracción de documentos valiosos y la incertidumbre por la seguridad de su personal. De ahí la preocupación institucional por las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, a cuatro días de consumado el ataque y con un fin de semana de por medio.

"Hasta el momento", dijo el funcionario, "las líneas de investigación están apuntando fuertemente a que esto se debe a un problema que existió con uno de los administradores, que fue despedido por razones de faltantes de dinero en algunos proyectos". Según Perdomo, los archivos dañados y una computadora robada contenían información sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos de la asociación. Esto último fue desmentido de inmediato por Pro-Búsqueda, pero sin cerrarse a que se indagara dentro y fuera de ella a partir de otros indicios peligrosos, como ciertos seguimientos, observaciones extrañas al local y llamadas sospechosas.

"Se juntaron el hambre con las ganas de comer", según dicen. Y bien podría usarse esta frase ante tal suceso. No sería extraño que alguien de dentro haya sido buscado y convencido de hacer algo tan condenable, como lo ocurrido en Pro-Búsqueda esa madrugada. Bien pudieron coincidir intereses de personas o grupos que le tienen pánico a la verdad y la justicia, para borrar evidencias de delitos comunes (como la malversación de fondos y la administración fraudulenta, por ejemplo) y de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. ¿Por qué no? Las autoridades correspondientes deben aclarar de forma convincente los hechos, para creer de veras que El Salvador encontró lo que buscaba: empezar, al menos, a cambiar en favor de las víctimas.