¿Qué democracia es sacrificable?

El 2 de febrero, el periódico digital El Faro publicó una noticia titulada "Los salvadoreños consideran sacrificable la democracia", elaborada a partir de una encuesta realizada en noviembre de 2010. Considerables han sido los comentarios que esta noticia ha despertado, desde aquellos que defienden —o piden la defensa— de la democracia, hasta los que tratan de explicar por qué el valor y principio democráticos no han echado raíces en el sistema político y social salvadoreño.

Ahora bien, a partir de la encuesta (no obstante sus evidentes insuficiencias), la noticia y los comentarios que suscitaron, conviene cuestionarse sobre un aspecto no lanzado a la palestra: partiendo de nuestra historia reciente, ¿qué imagen de la democracia es la que se le ha construido a la sociedad salvadoreña como para que la considere sacrificable? Definir la democracia salvadoreña es una tarea para muchos estudios de investigación, por no decir tesis doctorales. Un artículo de opinión es insuficiente para abordar esta temática. Sin embargo, basta con observar el proceso con el que se funda el concepto de democracia actualmente vigente, así como a los actores que lo protagonizaron, para hacerse una idea de lo que se le ha vendido a la sociedad salvadoreña.

Resumiendo rápidamente, el principio democrático se instaura a partir de la Constitución de 1983, pero comienza a plasmarse en las instituciones estatales con los Acuerdos de Paz, esto es, en 1992. La Constitución, y con ella el principio democrático, se formuló en el desarrollo de una guerra civil; dentro de unas condiciones políticas y sociales autoritarias (cívico-militares), en las que un sector importante de los actores políticos de la época se encontraba en la ilegalidad y, por tanto, excluido por decisión del aparato estatal. Nuestro contrato social se acordó sin la participación de los que pensaban diferente a la verdad oficial y de las víctimas de la violencia armada (el pueblo); es decir, el pacto social se acordó desde la intolerancia y la imposición.

Luego, una vez firmada la paz —o agotado el modelo sociopolítico anterior—, las partes antes beligerantes, caracterizadas por el verticalismo autoritario que conlleva doce años de guerra, decidieron la forma en que el principio democrático se plasmaría en las instituciones estatales, con el fin de garantizar la transición política. Ello sin que el pueblo, en su calidad de víctima, tuviera una participación decisiva en ese proceso, ya que se asumió que dichas partes, organizadas en partidos políticos, representaban su sentir. Partidos políticos —y sus dirigentes— que hasta la fecha mantienen un peso real dentro de las instituciones del Estado. Dirigentes políticos que, desde el período autoritario, están construyendo —o destruyendo— la "democracia" que se definió en 1983 y que se comenzaría a instaurar en 1992.

Si bien el concepto de democracia en nuestro país fue construido a partir de la teoría, han sido las decisiones, acciones, omisiones y posiciones autoritarias de los partidos políticos y otras agrupaciones económicas y sociales, principalmente de sus dirigentes, las que han determinado sus características. Paralelamente, debido a la incapacidad o ambiciones de estos grupos, no se han logrado resolver las necesidades básicas de la sociedad desde la institucionalidad; una sociedad que sigue marginada de la toma de decisiones de especial relevancia. El Estado se ha administrado, hasta ahora, como el premio del partido político que gana las elecciones, principalmente las presidenciales; en el que la tecnocracia se diluye para darle paso al amiguismo; y en el que las cuentas públicas, pagadas por los impuestos de todos, se manejan sin transparencia, desde el secretismo. Males que han dado pie a la corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones.

La sociedad salvadoreña no encuentra en esta democracia la solución a sus problemas, inclinándose hacia una postura autoritaria, quizá, por la ilusión de estabilidad económica (la supuesta estabilidad que existía antes de la liberalización de la economía) y de seguridad (vía estados de sitio y aplicación de castigos draconianos) que las generaciones nacidas y formadas dentro del autoritarismo recuerdan, y hasta añoran peligrosamente. Ante esto, y a partir de lo que el concepto implica y de la forma en que se ha concretado, resulta oportuno preguntarse si las clases política, económica y social de nuestro país que instauraron la democracia están a la altura del reto que implica seguir construyéndola. En la transición política, la democracia necesitó —tal vez— de los actuales dirigentes para definirse, pero ahora, en su etapa de consolidación, necesita de una renovación de las clases política, económica y social para que funcione realmente.

En cuanto a la solución de los problemas económicos y de seguridad mediante un gobierno autoritario o no, la encuesta no hace más que reflejar algunos tópicos perniciosos del pensamiento político que prima en el país. Por ejemplo, pensar que el Órgano Ejecutivo, es decir, el Gobierno, es el único responsable de resolver los problemas nacionales, que de él depende todo, demuestra que todavía existen vestigios de autoritarismo en la conciencia colectiva, pues en un Estado constitucional y democrático las competencias del Gobierno son determinadas, principalmente, por el Órgano Legislativo, la Asamblea Legislativa, mediante la ley —incluso, y especialmente, la aprobación de los fondos necesarios para los programas gubernamentales— . En este sentido, la imagen del Ejecutivo como instancia que todo lo puede y de la que todo depende debería ser cosa del pasado dictatorial; y dado que sigue presente, es urgente comenzar a reformar lo necesario para que lo sea.

En la búsqueda de soluciones de mediano y largo plazo ante problemáticas nacionales como la economía y la seguridad, dentro de un verdadero sistema democrático lo mínimo que se espera es que, mediante el diálogo y el consenso, se construya un pacto de Estado y se recurra al trabajo conjunto de todos los protagonistas de la sociedad. ¿Son los actuales dirigentes políticos, económicos y sociales capaces de alcanzar soluciones de conjunto a través del diálogo y el consenso? ¿o es tiempo de darle paso a una nueva generación —de ideas y personas— para que la democracia en su sentido puro, y necesario, no resulte prescindible ahora ni nunca?