¿Qué sigue después de las elecciones?

La lentitud en el conteo de votos y el atraso en la difusión de resultados, al menos los preliminares, dominan en buena medida la opinión postelectoral. Mientras la población y los partidos políticos esperan ver los primeros resultados oficiales, el Tribunal Supremo Electoral pide paciencia y comprensión por la demora del proceso, argumentando que ya había anunciado un conteo más lento con respecto a otras elecciones, debido a la nueva modalidad de voto cruzado y concejos municipales plurales. Sin embargo, está claro que la tardanza en la difusión de los datos puede minar la credibilidad y confianza en este proceso.

Recordemos que ya la encuesta preelectoral de 2015 cursada por la UCA reveló que, pese a las novedades presentes en este evento, la confianza ciudadana hacia el proceso y hacia los actores institucionales vinculados se había reducido en comparación con mediciones anteriores. Solo uno de cada cinco salvadoreños expresó tener mucha confianza en el proceso electoral, el 17.7% dijo que tenía algo de confianza, mientras que el 59.7% de la gente señaló tener poca o ninguna. La respuesta dada por el presidente del TSE, afirmando “que interesa más la irrefutabilidad de los resultados que la difusión de los mismos”, no es suficiente para aplacar estos temores.

Ahora bien, cuando hablamos de lo que sigue después de las elecciones, no nos referimos solo ni principalmente a los resultados y su impacto en la redistribución del poder político. Votar y elegir son derechos que deben ser ejercidos de manera consciente por la ciudadanía y garantizados eficazmente por las instancias del Estado. Pero la participación e incidencia política de los ciudadanos no puede terminar ahí. En un Estado democrático, una de sus funciones fundamentales es vigilar y fiscalizar organizadamente a quienes les han confiado administrar los bienes públicos por medio de elecciones libres. Es decir, una vez terminado el evento electoral, viene el momento de la participación ciudadana activa que, indistintamente de quién haya ganado los comicios, debe seguir y exigir el cumplimiento de las promesas hechas en la campaña.

La ciudadanía debe exigir que los funcionarios electos se conviertan en verdaderos servidores públicos y no en burócratas ineficaces; que los partidos políticos tomen en serio la puesta en práctica de una democracia interna; que se conecten con las necesidades de la población más allá de los períodos electorales. Exigir que las propuestas partidarias respondan de forma razonable, consensada y realista a los principales problemas del país o de los municipios bajo su responsabilidad; que sean honrados con los fondos públicos; que se abran espacios a los mecanismos de democracia directa para que la población puedan contribuir a la fiscalización y gestión de los asuntos colectivos. Hay que exigir, en fin, que la democracia esté vinculada a la lucha por los derechos humanos, especialmente de los más excluidos.

Recordemos que el poder político, cuando es ético, está en función de su sociedad, no de sí mismo. Su fuente de legitimidad es la sociedad considerada como un todo, no una de sus partes, y menos si esa parte es minoritaria y excluyente. Cuando el poder es un instrumento que potencia y fortalece a los ciudadanos, tenemos una manera correcta de hacer política: el ejercicio del poder-servicio implica, entre otras cosas, el control social de las instancias públicas, la regulación del interés privado en lo que este tiene de amenaza para el bien común, y la generación de espacios para los movimientos sociales en pro de la justicia global. A esto, nuestro arzobispo mártir, monseñor Romero, le llamó la “gran política”. Lo formulaba en los siguientes términos: “Hermanos (…) ayuden a esclarecer la realidad, busquen soluciones, no evadan su vocación de dirigentes. Sepan que lo que han recibido de Dios no es para esconderlo en la comodidad de una familia (…) Hoy la patria necesita sobre todo la inteligencia de ustedes. A los partidos políticos, a las organizaciones gremiales, cooperativas o populares, el Señor les quiere inspirar la mística de su divina transformación, para transfigurar también la propia realidad, desde la fuerza organizada, no con métodos ineficaces de violencia, sino con auténtica liberación”.

Esta manera de entender y de hacer política puede ser un efectivo antídoto para superar el escepticismo y desprestigio que la rodea. De hecho, en la encuesta electoral del Iudop, al confrontar a los ciudadanos con la opinión de si las elecciones son una pérdida de tiempo porque las cosas nunca cambian en el país, un 56.7% estuvo de acuerdo con esa idea, frente al 40.9% que expresó su desacuerdo. En buena medida esto es así porque la cultura política que predomina ha derivado en un círculo vicioso, cuyos componentes característicos son la demagogia, el oportunismo, la corrupción, el despilfarro y el clientelismo electoral. Si una vez que pasen las elecciones nos desatendemos de la vida política, este círculo continuará fortaleciéndose con las consecuencias que ya se lamentan y se sufren.

Después de las elecciones, pues, hay que ser creativos para poner límites a las desviaciones y perversiones del poder, y para cultivar relaciones de poder participativo, solidario y ético. Participación ciudadana en la elaboración de presupuestos municipales, en el seguimiento a la actividad de la Asamblea Legislativa, en la consolidación de la transparencia. La lucha por el bien común no debe quedar solamente en manos del Estado, sino que debe ser asumida también desde las iniciativas sociales y ciudadanas. En palabras de monseñor Romero: “Cada uno de nosotros tiene que ser un devoto enardecido de la justicia, de los derechos humanos, de la libertad y de la igualdad”.