¿Se está gestando una crisis?

La democracia debiera ser considerada como una dimensión del desarrollo humano. Como tal tiene sus costos, entre los cuales el económico es de gran relevancia. Las elecciones como mecanismo democrático para decidir quiénes serán los gobernantes requieren de financiamiento. En parte, este es necesario para que la autoridad responsable de la gestión electoral pueda cumplir su cometido. Llevar a cabo elecciones, con la calidad necesaria, tiene un costo económico que se expresa en el presupuesto estimado de gastos que, según la normativa electoral salvadoreña, corresponde elaborarlo al Tribunal Supremo Electoral; pero no es este quien tiene la última palabra al respecto. La tiene la Asamblea Legislativa, la cual escucha también la opinión del ministro de hacienda. Así las cosas, la formulación y aprobación del presupuesto electoral se convierten en un escenario de disputa política.

Como en un juego político, el magistrado Fernando Argüello Téllez declaró que la reducción de 14.1 millones de dólares, en el presupuesto presentado para la realización de las elecciones de 2018, es una señal de que se está “gestando una crisis”. Por su parte, el magistrado Miguel Ángel Cardoza defendió el presupuesto presentado argumentando que el TSE quiere evitar que se repitan los problemas registrados en las elecciones de 2015. Para este Magistrado, “lamentablemente no van a hacer las elecciones que el tribunal quiere, sino, al final, las que la decisión política determine” (La Prensa Gráfica, 27 de abril de 2017).

El ministro de hacienda Carlos Cáceres, no apoyó la propuesta del TSE. Al contrario, habló de “despilfarro”, haciendo alusión al rubro de alimentación que alcanzaba los $3,521,541 dólares. En la sesión plenaria del jueves 27 de abril, la Asamblea Legislativa votó a favor de las modificaciones propuestas por el ministro Cáceres y aprobó un presupuesto de $25,865,375 dólares para las elecciones de 2018, por debajo de los $39,981,865 que solicitaba el TSE. Además, la cantidad aprobada se entregará en dos partes. Una de $13,199,120 este año y la otra, de $12,666,255 en 2018.

Aunque todo presupuesto puede ser modificado a medida que se implementa, las finanzas públicas del estado salvadoreño no parecen dar chance para ello. Por de pronto, lo aprobado es lo que hay y vamos a tener elecciones. Queda en duda si el TSE podrá garantizar una gestión electoral de calidad, de tal manera que los contendientes acepten los resultados, les favorezcan o no. Si ambas cosas no ocurren, entonces habrá que responder afirmativamente la pregunta que da título a este editorial.