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En marzo estaremos recordando los 25 años de la publicación de De la locura a la esperanza, el deseado informe de la Comisión de la Verdad, fruto de los Acuerdos de Paz, que presentaba una visión independiente sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante los doce años de guerra civil. El Gobierno de Arena de aquel entonces, responsable de difundir el informe, sacó a la luz pública una edición muy reducida. La UCA lo editó por su cuenta y esa versión tuvo una difusión cinco o seis veces mayor que la gubernamental. Lo mismo hizo el Grupo Maíz en una versión popular con dibujos, que tuvo también más difusión que la gubernamental. Un libro que debía ser de lectura obligada y reflexionada en las escuelas de la Fuerza Armada y de la Policía, y en el sistema educativo nacional, y que fuera punto de partida para una cultura de paz, fue leído solo por una minoría de salvadoreños.
Por si esto no fuera suficiente, los medios de comunicación de mayor tirada, imagen y voz montaron una verdadera campaña para desacreditar a los miembros de la Comisión de la Verdad. Curiosamente, los masacradores de poblaciones, los criminales de guerra y los financistas de los escuadrones de la muerte se quejaban de que los tres comisionados no tenían la altura moral para opinar sobre El Salvador. Los que recordamos esos momentos tenemos la imagen clara del alto mando de la Fuerza Armada, rodeado por una buena parte de los comandantes de brigadas y batallones, rechazando airadamente algunas de las conclusiones de la Comisión. Poco menos que diciendo que si se les quería llevar a juicio tenían en sus manos los suficientes fusiles para impedirlo. Acobardado y cómplice el Gobierno arenero, la ley de amnistía tardó menos de una semana en promulgarse.
Hoy, pasados 25 años, la ley de amnistía ha sido declarada inconstitucional. El informe de la Comisión de la Verdad ha sido reconocido por la Sala de lo Constitucional como un documento que debe estar presente en el sistema judicial. La sentencia de inconstitucionalidad recuerda con claridad que todos los casos mencionados en el informe deben ser llevados a juicio por ser crímenes de guerra o de lesa humanidad, aunque en aquella etapa de nuestra historia esos delitos no estuvieran tipificados con esa denominación. A pesar de la sentencia, los casos del pasado recorren un lento y débil proceso, y nuestra cultura de violencia permanece alta tanto en los criminales que matan con impunidad como en algunos discursos y lenguajes que insisten más en la mano dura que en un necesario cambio de cultura, que solamente llegará si las instituciones se fortalecen y logran definir con claridad lo bueno como bueno y lo malo y lo injusto como perverso y contrario al desarrollo humano y democrático. Aceptada la verdad y fortalecidas las instituciones, el futuro puede construirse de otra manera. Y ciertamente necesitamos un futuro distinto al actual en demasiados niveles.
Nunca es tarde para cambiar de rumbo. Los que no lo hacen quedan cada vez más aislados, tal vez protegidos por sus armas o por su dinero, pero lejos del calor de la gente buena. La Comisión de la Verdad finalizaba su informe diciendo que “se trata de pasar de un universo de confrontación hacia otro de serena asimilación de cuanto ha ocurrido para desterrarlo de un porvenir signado por una nueva y solidaria relación de convivencia y tolerancia”. La cólera que el informe desató en diversos sectores de poder fue todo lo contrario a lo que la Comisión y su documento perseguían. La soberbia amenazadora del poder imposibilitó en aquellos momentos que pasáramos “de la locura a la esperanza”. Permanecieron demasiadas estructuras sociales caducas, junto con la impunidad y la cultura de la violencia y de la ley del más fuerte. Veinticinco años después, es tiempo de reflexión, tiempo de planificar un futuro diferente. Universalizar derechos básicos, fortalecer y depurar instituciones son los caminos más idóneos para conseguir un El Salvador digno del siglo XXI.
