A puerta cerrada

Todos los Gobiernos guardan secretos. Algunos son lógicos, como cuando se trata de investigaciones que, de revelarse, podrían alertar a quienes violan las leyes. Pero en general, cuando los temas son de interés público, el secreto no debería existir. Especialmente los políticos, que debaten sus intereses sin ningún problema en la Asamblea, deberían, cuando se trata de un tema de interés nacional, mostrarse trasparentes ante la ciudadanía. En el caso de las conversaciones políticas en Casa Presidencial sobre la elección de los magistrados de los tres últimos trienios, se ha impuesto el secreto. El Procurador General de Derechos Humanos ha protestado, y con toda razón, por ese secretismo.

El Salvador tiene malos recuerdos de las ocasiones en que se han manejado a puerta cerrada temas de interés nacional. La dolarización fue una de ellas, y todos sabemos de sus repercusiones negativas y costos en nuestra economía. En aquel momento, fueron solo dos los partidos que negociaron en medio de la oscuridad de sus turbios intereses. Hoy, todos los partidos políticos están reunidos en torno al Presidente de la República y negociando a espaldas de la ciudadanía la solución de una crisis iniciada y continuada por ellos mismos. No hay petición de disculpa ante el país por el daño que se le ha hecho a la cohesión social, por el aumento de la desconfianza en las instituciones, por la relativa parálisis de la seguridad jurídica. Simplemente se busca una salida que les guste a ellos, a los políticos, sin importarles demasiado la ciudadanía. Con la cortedad de miras de gente que no es estadista ni sabe apreciar la ética, piensan que los votos son un cheque en blanco en el que ellos pueden escribir lo que les dé la gana.

Y es casi seguro que, cuando encuentren su solución, se alabarán mutuamente y dirán que tienen una enorme capacidad de diálogo, que han actuado por el bien del país, que han pensado solamente en la nación. Pero la temática del diálogo es más complicada que la de nombrar de nuevo a los magistrados de 2006 y de 2012, cuyas elecciones fueron declaradas inconstitucionales. El afán de venganza es demasiado fuerte, y por ello quieren revisar los nombramientos de 2009. Al final, quieren romper la unidad de criterio independiente que se había dado entre cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional, y esto por la sencilla razón de que ven en dicha independencia una amenaza a la arbitrariedad con la que los políticos manejan los asuntos del Estado.

Ni la Asamblea Legislativa ni la Presidencia de la República aceptan que son poderes controlados. Su rechazo al control ha sido evidente en diversas manifestaciones públicas. Están acostumbrados a negociar —esa es la palabra que más les gusta— y a imponer la ley del más fuerte. Hoy quieren imponer su ley a la Sala de lo Constitucional, que por primera vez en la historia de El Salvador mantuvo una línea de independencia real y permanente. Por eso el secreto y la acción de espaldas al pueblo salvadoreño les resultan indispensables. Las diferencias ideológicas desaparecen cuando de lo que se trata es de preservar los intereses arbitrarios de los partidos políticos.

El Salvador necesita decencia. Y por más que los políticos pongan hoy el grito en el cielo atacando a un magistrado de la Sala de lo Constitucional, el interés no es la ética ni la defensa de la mujer. El interés es simple y llanamente doblarle el brazo a la Sala de lo Constitucional y obligarla, una vez más en nuestra historia, a convertirse en un elemento más del simulacro de democracia al que estamos acostumbrados. Mala política para un país que está despertando, cada día con mayor conciencia, a la decencia y a la democracia.