A solo unos pasos de la Ley de Acceso a la Información Pública

Finalizamos 2010 con la percepción de que estábamos a solo unos pasos de contar con una ley de acceso a la información pública en el país. Una ley que garantice y regule los procedimientos para que se cumpla el derecho fundamental a la información para todos y todas. En el contexto internacional, El Salvador tiene un retraso notorio en esta materia. Suecia, por citar un ejemplo, posee desde hace más de cien años una ley de este tipo; en Centroamérica, solamente Costa Rica y El Salvador no han promulgado una ley de acceso a la información pública.

El pasado 2 de diciembre de 2010, los diputados del FMLN, Arena y Cambio Democrático dieron sus votos para aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública. Los otros partidos y sus respectivos voceros se negaron a apoyar la Ley argumentando, entre otras cosas, que no se había debatido suficientemente. Sin embargo, si bien es cierto que esta ley no es perfecta, no se puede poner en duda que hubo debate durante su proceso de formulación. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) comenzó hace más de cinco años una campaña sobre el tema. Además, hace más de un año se creó el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información, en el cual han participado universidades (la UCA, entre ellas), organizaciones civiles, gremios y medios de comunicación. De igual manera, en 2010 el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, promovió un espacio abierto de consulta sobre esta ley.

Pese a este debate previo y pese a que a finales de 2010 la Secretaría de Asuntos Estratégicos, por medio de un campo pagado, exaltó como un logro importante del Gobierno la aprobación de la Ley, el 5 de enero el presidente Funes observó y regresó a la Asamblea la Ley de Acceso a la Información Pública. De las siete observaciones que realizó, dos han acaparado la discusión pública. El Presidente pide, en primer lugar, retrasar por un año la entrada en vigencia de la Ley y, en segundo lugar, crear un reglamento especial que determine la información y los procedimientos que se le podrán solicitar a las sociedades de economía mixta y personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos.

Las observaciones planteadas por el presidente Funes se podrían entender como parte de una estrategia para retrasar la aplicación de la Ley, aunque él mismo propone que esta entre en vigencia ya y que se dé más tiempo para cumplir con los plazos administrativos y de preparación para la conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública. A nuestro juicio, lo más adecuado sería que la Ley entre en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, y que la Asamblea Legislativa haga algunos ajustes razonables en los plazos que establece el mismo cuerpo legal. Y en el caso del reglamento especial para la regulación de la información de las sociedades de economía mixta y personas naturales o jurídicas, que este sea formulado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

En definitiva, esta ley es tan importante para la transparencia y la consolidación de la democracia en el país que es perentorio no retrasar su entrada en vigencia. Es el momento, pues, de sentar las bases y dar los pasos que hacen falta para que la ciudadanía conozca y se apropie de la Ley de Acceso a la Información Pública, impulsándose así un cambio cultural que posibilite una modalidad de gobierno abierto en El Salvador.