Activando al ciudadano en el proceso electoral

Las elecciones en El Salvador parecen perfilarse bajo un alto nivel de desconfianza ciudadana a consecuencia del continuo surgimiento de casos de corrupción y abuso de poder en varios niveles de la política salvadoreña. La exposición de cuentas secretas dentro de varias administraciones de Arena, así como también, dentro de la administración de Mauricio Funes atestan a la decadencia y envilecimiento de una clase política que de manera egoísta y sistemática busca su propio beneficio a costa del deterioro de una ciudadanía ya de por sí desprotegida y mal representada. Así pues, surge la interrogante de lo que se espera para los comicios del 2018 y 2019. Es pertinente llevar esta interpelación acabo de dos maneras. Primero, ¿qué es lo que se espera de los partidos políticos que contendrán en el 2018 por escaños en el legislativo y el ejecutivo de la república en el 2019? Y segundo, ¿qué se espera de nosotros como ciudadanos, pero sobre todo como entes políticos dentro de una sociedad ya polarizada y fragmentada durante estos procesos electorales?

Las administraciones de ambos partidos han hecho poco o ningún esfuerzo por esclarecer dichas imputaciones de corrupción. Este abuso de poder por parte de ambas fuerzas políticas, se presenta en medio de una grave crisis de escasez de medicamentos en uno de los hospitales nacionales, la agudización del empobrecimiento de gran parte de la población, y el aumento de la delincuencia. Hay un descontento generalizado y justificado por gran parte de la ciudadanía. Según las cifras más recientes del Iudop, el 63.4% de sus encuestados han expresado su aversión a una continuidad con la actual administración. De igual forma, el 68.1% de encuestados manifiestan su oposición a que Arena regrese al poder.¹ Las cifras demuestran el repudio a una clase política que falla en velar por sus constituyentes. Históricamente la clase política de El Salvador, ha estado aliada a las clases burguesas de la nación. Pasando por las clases cafetaleras para después también aliarse a las clases comerciantes y los ahora tecnócratas del país, la política en el Salvador ha estado constantemente vinculada a las oligarquías y el capital de la nación.²

Existe un problema semántico y factual cuando aludimos al concepto/modelo de democracia representativa y a nuestro actuar dentro de ella. Hoy más que nunca, nos incumbe problematizar dicha dinámica y falsa concepción de representación. Nuestro actuar político bajo esta concepción de democracia está circunscrito y limitado al sufragio y la elección de candidatos seleccionados por cada partido político a través de elecciones internas, fuera del alcance y consentimiento social. La constante implicación en casos de corrupción y desvío de recursos públicos por parte de miembros de dichas fuerzas políticas, no solo señala el mal juicio e incompetencia por parte de partidos políticos al proponer a sus portavoces y representantes; también, demuestra la consciente y cuidadosa búsqueda y reproducción de individuos que reflejen los intereses del capital y fuerzas económicas de la nación. Más que una democracia representativa, esta concepción sugiere un proceso condicionado y cautivo el cual representa de manera exclusiva los intereses de un pequeño pero dominante sector de la población.

Esto señala a un problema estructural, en donde la misma estructura política y sus instituciones reproducen individuos egoístas y poco comprometidos con sus ciudadanos, particularmente, con aquellos más desprotegidos y oprimidos. Debemos también considerar el factor ideológico de aquellos individuos que buscan espacios dentro de la política salvadoreña. Actualmente, ¿podemos hablar del representante político como una persona vinculada al deber social, más por voluntad y convicción social que por aspiración económica individual? Salvo en pocas excepciones esto no es más que una improbable posibilidad o una utopía lejos de nuestra realidad.

 El político de hoy día hace constantemente alusión a lo cultural y habitual de la corrupción, como algo endémico de nuestra sociedad, por lo tanto, excusando su actuar como natural dentro de una sociedad fundamentalmente corrupta. Si bien, esta corrupción es sistematizada por instituciones con legados coloniales y opresivos vinculadas al status quo del capital salvadoreño, no es algo cultural. Un argumento así, no es más que el engaño así mismo y a la sociedad para darle razón y justificación a su perversión y compromiso nulo con sus constituyentes.

El llamado a elecciones debiera implicar un llamado a unirnos como ciudadanos y exigir una mejor representación. Escoger representantes que reflejen lo mejor de nosotros y que estén dispuestos al sacrificio personal por el bien de la mayoría. Calidad y congruencia moral ante un sistema de desigualdad debieran reflejar aquellos que nos representan. Si bien, es complicado encontrar candidatos que nos representen de manera adecuada, dentro de un sistema que en su mayor parte reproduce individuos con intereses similares- al servicio partidario e individual- como ciudadanos, debemos exigir y asegurar de manera colectiva que las instituciones que velan por nuestros derechos realmente castiguen la corrupción.

 Para ello, es imprescindible concebirnos como factores políticos e influyentes de nuestra realidad política y social. Nuestra responsabilidad incluye no repetir discursos polarizados de candidatos y partidos políticos que inciten a la agresión, sino entrar en diálogos respetuosos que nos hagan críticos de los mismos partidos y candidatos que apoyamos. Debemos asumirnos como parte de una posibilidad (y no un ideal) en donde nuestra activación como sujetos políticos facilite nuestra integración como fuerza política dentro de una democracia que ha fallado en representarnos. La activación social como factor político es una realidad en países como Islandia. Parte de su transformación política y económica está ligada a la activación individual y colectiva de su sociedad. El encarcelamiento de políticos y banqueros vinculados a prácticas corruptas han permitido su reconocimiento como una fuerza política capaz de transformar su realidad, así como también, ha mostrado que la sociedad puede disciplinar a sus estructuras políticas y económicas si en verdad se lo propone.³

 Es poco probable que la confianza del electorado salvadoreño sea recuperada en los meses por venir. Discursos de solidaridad y cambio serán pregonados por partidos políticos por igual. Algunos tratarán de incorporar dentro de sus nominados a individuos desvinculados a la esfera política del país, no obstante, ligados al capital y clases dominantes de El Salvador.

Un primer paso para aliviar la desconfianza y repudio a las principales fuerzas políticas, implicaría esclarecer y sancionar los abusos de dirigentes y representantes dentro de cada administración política. Debemos demandar que la trasparencia a varios niveles de las estructuras políticas realmente sea transparente, que la justicia realmente sea imparcial, que la democracia realmente sea incluyente y no excluyente o exclusiva. Nuestra reivindicación como entes políticos capaces de exigir la disciplina y transformación de nuestra clase política está intrínsecamente ligada a la posibilidad de unas elecciones un poco más justas y democráticas en el 2018 y 2019.

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¹ Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, “Los salvadoreños evalúan el tercer año de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén,” Boletín de prensa 31(3), 2017: 6.

² Luis Armando González, “Estado, Sociedad y economía en El Salvador (1880-1999),” en El Salvador: la transición y sus problemas, compilado por Rodolfo Cardenal, Luis Armando González. San Salvador: UCA Editores, 2007, 29-55.

³ Alex Pietrowski, “Bank Bailouts: Iceland Proves You Don’t need A Corrupt Politician or Businessman As President,” Global Research: Centre for Research and Globalization, Junio 20, 2016, bajo “Global Economy” http://www.globalresearch.ca/bank-bailouts-iceland-proves-you-dont-need-a-corrupt-politician-or-businessman-as-president/5533188 (accedido Junio 9, 2017).